CSIF viene reclamando una reforma en profundidad del servicio público de Justicia desde hace muchos años. Una reforma que debe ofrecer oportunidades para los ciudadanos en forma de una mayor agilidad del servicio público y, también, de oportunidades profesionales para el personal de Justicia en forma de mejoras laborales y retributivas.
Una reforma que debe contar con el consenso más amplio posible y, de ahí surge, la responsabilidad del Gobierno, del Ministerio de Justicia de convocar la mesa de negociación en la Administración de Justicia. La LOEO cambia los centros de destino, condiciona la percepción de retribuciones, afecta a las posibilidades de promoción profesional y movilidad voluntaria y determina las funciones a realizar por los funcionarios de Justicia. Cuestiones, todas ellas, que se están ya acordando entre las CCAA y el Ministerio al margen de los sindicatos desde hace varios meses y paralelamente a la tramitación de los proyectos de eficiencia.
Una reforma que debe contar con los recursos económicos adecuados para que sea un éxito.
En este sentido CSIF ha mostrado su oposición a las premisas y forma en la que se está tramitando los diferentes proyectos de ley de eficiencia:
1. Se plantea una reforma a coste cero cuando la realidad de la administración de Justicia es la de unos edificios en muy mal estado, unos programas informáticos anticuados con unos programas de gestión que se “caen” todos los días y se ejecutan con exasperante lentitud; y una falta secular de medios personales que CSIF cifra en más de 20.000 efectivos adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios/as de Justicia.
En este sentido, CSIF lamenta que el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos de gobierno del poder judicial y no en las verdaderas necesidades de la administración de Justicia.
2. Se plantea una reforma en la que se imponen las condiciones de trabajo establecidas en las relaciones de puestos de trabajo sin negociación colectiva previa vulnerando el derecho fundamental de libertad sindical (art. 28 de la CE) del que forma parte ese proceso de negociación.
En las relaciones de puestos de trabajo se definen cuestiones esenciales como el destino al que está adscrito, las posibilidades de movilidad voluntaria, las retribuciones complementarias, la jornada y el horario y las funciones o tareas a desarrollar, de ahí que conforme al artículo 37 del TREBEP el Ministerio esté obligado a negociar con los sindicatos.
Conforme al texto del proyecto de ley de eficiencia organizativa, alcanzados los plazos establecidos para la implantación de los Tribunales de instancia:
a. los puestos de trabajo de las oficinas judiciales se convertirán en relaciones de puestos de trabajo se hayan o no negociado las condiciones de trabajo que en ellas se recogen y se hayan o no finalizado los procesos de reubicación del personal.
b. Las relaciones de puestos de trabajo a las que se refiere el proyecto de ley serán las que se acuerden entre las CCAA y el Ministerio en la Conferencia sectorial tras un proceso de negociación que lleva más de un año en marcha y del que se ha excluido a las organizaciones sindicales.
3. Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de los socios del Gobierno, con el aval del Ministerio de Justicia, ahondan en la exclusión de la negociación colectiva poniendo una espada de Damocles a la misma al establecer unos plazos perentorios y muy cortos para la implantación de los tribunales de instancia.
CSIF inició hace varias semanas una campaña contra la imposición autoritaria de condiciones de trabajo que se plantea en el proyecto de ley de eficiencia organizativa. Tras varias peticiones de negociación colectiva de lo que empezó siendo un anteproyecto de ley:
1. Advertimos al Secretario de Estado del riesgo de movilizaciones de mantenerse la posición soberbia del Ministerio que presentó al congreso el proyecto de ley de eficiencia organizativa sin negociación previa y que está implantando las oficinas del nuevo Registro civil sin reglamento de funcionamiento y sin negociar las relaciones de puestos de trabajo.
2. El Defensor del Pueblo ha admitido una queja de CSIF por la vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva.
3. Nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios de la comisión de justicia del Congreso para solicitar la suspensión de la tramitación del proyecto de ley hasta que se verificara la negociación colectiva e iniciamos una ronda de contactos con ellos para explicar la situación y solicitar la rectificación de la LOEO en el trámite parlamentario. En estos momentos hemos contactado ya con el Partido Popular y el PSOE.
4. Hemos convocado una concentración de delegados de toda España frente al Ministerio de Justicia y hemos extendido el conflicto al personal de Justicia convocando sendas concentraciones el 2 y el 16 de diciembre a las puertas de los centros de trabajo
5. No descartamos ninguna medida adicional de presión tanto sindical como social y jurídica frente a lo que es uno de los mayores atentados a la negociación colectiva en el Ministerio de Justicia en los últimos años.
Lo que le pedimos al Ministerio es que elimine la implantación obligatoria de relaciones de puestos de trabajo (de las condiciones laborales que implican esas rpts), que, se siente a negociar las reformas de la Justicia con los representantes de los funcionarios/as de Justicia tal y como exige el TREBEP y que abra la negociación de las cuestiones recogidas en la segunda parte del acuerdo que ratificó el actual Secretario de Estado de Justicia el pasado 15 de diciembre de 2021.
Es decir, que la reforma de la Justicia cuente con el máximo de los consensos, que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de Justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas.
