La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocadp movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo en la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos. La cita será los días 11 de noviembre y 16 de diciembre, frente al Ministerio de Hacienda y todas las Delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, sin perjuicio de nuevas medidas "más contundentes si el Gobiernno no reacciona".
Para CSIF se deben abordar "sin más demora, de aquí a final de año" aspectos como la "negociación de un nuevo acuerdo salarial, puesto que el actual concluye a final de año. Los empleados públicos han perdido un 5 por ciento desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT y un 20 por ciento. A esto debemos sumar que desde los recortes de Zapatero en 2010, la masa salarial de los empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado se ha reducido en 4.721 millones".
La central señala que también hay que recuperar "la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra. CSIF llevó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados en 2023 y ante el rechazo de la Mesa de la Cámara, tiene recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional", recuerda.
Del mismo mmodo, el sindicato pide negociar "una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición", además del "balance y culminación de establización de plazas de personal. A 31 de diciembre la cifra no debe superar el 8 por ciento del total y las convocatorias que afectan a miles de personas van con retraso de meses".
CSIF exige "la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo, o la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, mejora de las condiciones de jubilación, o garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, con una adecuada financiación".
Por último, "la administración acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60 por ciento de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años. Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración. Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE (este último organismo afrontará una crisis de personal a principios de año con la asunción de competencias en materia del Ingreso Mínimo Vital)", advierten.
