El sindicato CSIF, reconocido como el más representativo en las Administraciones Públicas y con una presencia creciente en el ámbito privado, ha presentado una solicitud al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, para que se realice el traspaso de la sanidad penitenciaria al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, a pesar de que el Sistema Nacional de Salud es competencia del Estado, la sanidad penitenciaria sigue sin ser traspasada, incluso 20 años después de lo establecido. CSIF señala la falta de iniciativa y compromiso por parte de la Administración Penitenciaria para solucionar este problema, evadiendo su responsabilidad y argumentando que son las Comunidades Autónomas las encargadas de solicitar la transferencia de competencias.
Esta situación refleja la falta de voluntad política para abordar el problema, incluso en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se establece en su disposición adicional primera "Competencias del Estado en relación con Ceuta y Melilla" que las referencias a las Comunidades Autónomas en dicha ley se entenderán hechas al Estado en relación a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Hasta la fecha, solo Cataluña, País Vasco y Navarra han integrado la sanidad penitenciaria en sus sistemas de salud, lo que supone un retraso de 20 años en la mayoría del territorio nacional y un incumplimiento del mandato legal.
El modelo actual de sanidad penitenciaria no tiene futuro, carece de relevo generacional y está destinado a desaparecer. Las plazas ofertadas no se cubren adecuadamente; en el último proceso de selección para facultativos de prisiones, solo se cubrieron 7 de las 80 plazas disponibles. Además, aproximadamente el 54% de los médicos en actividad supera los 60 años, lo que hace necesario buscar una alternativa en el sistema público de salud.
La salud mental es un problema grave en las Instituciones Penitenciarias, con cifras de prevalencia de patologías mentales que oscilan entre el 37% y el 85% desde los años 90. La demanda de consultas de psiquiatría en prisiones es muy elevada, y un 4.3% de la población reclusa padece enfermedades mentales graves y crónicas, mientras que el 90% tiene antecedentes psiquiátricos con diagnóstico y tratamiento.
La ausencia de asistencia sanitaria adecuada en los Centros Penitenciarios ha llevado al Defensor del Pueblo a interesarse por este tema. Los contratos puntuales con empresas sanitarias y las consultas de telemedicina no son soluciones efectivas.
La asistencia telemática también se utiliza para las guardias, lo que deja en evidencia la insuficiencia de la atención brindada.
CSIF destaca que, en medio de esta problemática, los empleados públicos penitenciarios, tanto sanitarios como no sanitarios, son los que sufren las consecuencias directas. Recientemente, se han producido graves incidentes en el Centro Penitenciario de León, donde un grupo de internos se amotinó y secuestró a varios funcionarios y mandos del centro, destrozando mobiliario y amenazando a los trabajadores con objetos punzantes. Todo esto es consecuencia de la deficiente atención sanitaria en prisiones.
Si los médicos se jubilan y las ofertas de empleo no se cubren, el modelo de sanidad penitenciaria está condenado al fracaso.
Por lo tanto, CSIF solicita al Secretario General de Instituciones Penitenciarias que inicie los trámites necesarios para el traspaso de las competencias en sanidad penitenciaria a INGESA, con el fin de garantizar una atención sanitaria de calidad y cumplir con el mandato legal pendiente.
