El Colegio de Arquitectos de Ceuta ha denunciado que los estatutos de TRAGSA reflejan qué actividades que constituyen su objeto social definiendo un ámbito de actuación vinculado al medio natural y el marco medioambiental. Sin embargo, su filial TRAGSATEC ha ampliado su objeto social más allá de tal ámbito, y las del último de sus siete ámbitos son tan genéricas y amplias que admiten cualquier tipo de trabajo que se pretendiera encomendar.
Por consiguiente, cualquier encargo que la Ciudad de Ceuta le hiciera al Grupo TRAGSA en función de lo previsto en tales estatutos, pero fuera de las competencias establecidas en la normativa contractual en vigor, sería un acto nulo de pleno derecho y sin efectos jurídicos. Es el caso de las encomiendas de gestión efectuadas recientemente a TRAGSATEC por el Consejero de Fomento para la redacción de los proyectos de remodelación de la Gran Vía y sus aledaños y de acondicionamiento de la Plaza Nicaragua y su entorno
Los arquitectos juzgan que también lo sería de cualquier otra encomienda que la Ciudad realizara a TRAGSA para la ejecución de obras del Plan de Inversiones 2015-2019 y cuya finalidad excediera de las actividades que constituyen su objeto social, tales como la conexión viaria a lo largo del Arroyo Paneque, el nuevo polideportivo López Díaz-Flor, la remodelación de la Gran Vía y su entorno, el paso elevado de Miramar, la urbanización de la Plaza Nicaragua o la pista de atletismo en la base militar, pues aquella iría en contra de la legislación vigente. Y el decreto que la aprobara sería igualmente un acto viciado de nulidad.
Por todo ello, el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta ha interpuesto este lunes sendos recursos de reposición contra los dos decretos que aprueban dichas encomiendas de gestión ya efectuadas, por estimarlos nulos de pleno derecho al contravenir su objeto, pues ignoran las funciones específicas que la norma asigna al Grupo TRAGSA.
