El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos - órgano que se define como independiente, pero cuyo presidente es designado por el rey marroquí- ha presentado en Rabat las conclusiones preliminares de su investigación sobre los trágicos incidentes ocurridos frente al paso fronterizo entre Nador y Melilia, donde unos 2.000 migrantes intentaron cruzar la valla metálica y 23 de ellos perdieron la vida.
Las conclusiones, presentadas por la presidenta del Consejo, Amina Bouayach, en una rueda de prensa, contienen los resultados de la misión enviada a Nador y sus alrededores para realizar entrevistas con todas las partes interesadas, incluidas las autoridades, la sociedad civil y los migrantes, recoger datos y reunir hechos e informaciones sobre este incidente.
En este informe, Bouayach concluye que la causa de la mayoría de las muertes fue “la asfixia mecánica” provocada por la estampida o a la caída de la valla entre Nador y Melilla, aunque quedan por practicarse las autopsias sobre los 23 cadáveres, que aún permanecen sin enterrar.
Además, apunta que “basándose en una serie de testimonios, concretamente las de ONG, la comisión invoca la hipótesis de la violencia más allá de la valla, a causa de la renuncia o la vacilación de las autoridades españolas en prestar ayuda y auxilio pese a la estampida y la gran aglomeración de los inmigrantes en las puertas metálicas giratorias en el puesto fronterizo que se quedaron herméticamente cerradas, lo cual llevó a un aumento de heridos y muertos”
El texto afirma que la Guardia Civil “patrulla las vallas y controla las fronteras 24 horas al día. Las diferentes actualizaciones de la tecnología de vigilancia, desde 1998 hasta 2018, no han disuadido a los migrantes de cruzar. Tampoco impidieron la muerte o la deportación de cientos de inmigrantes a Nador”.
Bouayach ha añadido que “las autoridades españolas han usado la violencia y no habrían asistido a los heridos que estaban saltando o cayendo de la valla, además de que en el momento de la estampida las puertas (de acceso al paso fronterizo) quedaron cerradas, pero su responsabilidad era abrirlas”.
El Ministerio del Interior como responsable del control de las fronteras, asegura que “no va a entrar a valorar las afirmaciones preliminares del organismo marroquí, pero sí quiere reiterar que la Guardia Civil actuó en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional, siempre con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos”.
