La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha exigido la eliminación inmediata de la autorización previa de la Delegación del Gobierno para operaciones relacionadas con la compra, hipoteca o ejecución de obras sobre bienes inmuebles en la ciudad.
La reivindicación se produce tras la jornada de trabajo celebrada el pasado 23 de septiembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y ha sido trasladada al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
Una normativa preconstitucional en entredicho
Esta obligación se ampara en la Ley 8/1975 y su Reglamento de Ejecución, normas con más de tres décadas de vigencia y de carácter preconstitucional. Según recuerda la patronal, su constitucionalidad ya ha sido cuestionada en diferentes ocasiones, como refleja la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017, donde se planteaba la posible vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
Desventaja frente al resto del país
La CECE subraya que este requisito no existe en ningún otro territorio de España salvo en Melilla, lo que, en su opinión, supone una discriminación institucional que ralentiza la actividad económica, aumenta la burocracia para empresas, autónomos y ciudadanos, y coloca a Ceuta en una situación de clara desventaja competitiva frente al resto del país.
Prioridad urgente para el desarrollo económico
Por ello, la organización empresarial ha pedido al Ministerio que la eliminación de esta autorización se convierta en una prioridad urgente dentro de la agenda estatal, con el objetivo de aliviar la carga administrativa, favorecer la inversión y mejorar el entorno económico y de emprendimiento en la ciudad autónoma
