El informe Foessa, elaborado por Cáritas Diocesana, ha centrado el debate político en el último pleno de la Asamblea de Ceuta a raíz de una interpelación presentada por Ceuta Ya!. La formación autonomista puso el foco en los niveles de pobreza y exclusión social que refleja el estudio y cuestionó, una vez más, el balance de las políticas sociales del Gobierno del PP.
Ferreras defiende la solidez del diagnóstico
La diputada Julia Ferreras defendió que el informe de Fundación FOESSA ofrece un diagnóstico “riguroso, coherente y consistente con la realidad” de la ciudad, y reprochó al Ejecutivo que mantenga un discurso que, a su juicio, “oculta las dificultades de miles de ceutíes”. Según expuso, el estudio cifra en un 28,5% la población afectada por la exclusión social, unas 23.000 personas, con un peso especialmente elevado de la exclusión severa, que alcanza a unas 13.000.
Ferreras sostuvo que estos datos desmontan el relato “triunfalista” del Gobierno de Juan Vivas y reclamó que el informe sirva de base para redefinir las políticas públicas. “¿Van a descalificarlo o a ignorarlo?”, preguntó, antes de insistir en que las desigualdades se concentran siempre en los mismos colectivos y barrios.
Críticas al “informe fantasma” del Gobierno
Durante su intervención, la diputada de Ceuta Ya! volvió a cuestionar los datos alternativos que maneja el Gobierno local y se refirió a ellos como un “informe fantasma”, al no haberse presentado públicamente ni detallado su metodología. En ese punto, defendió que Foessa sí cuenta con una base científica sólida, con más de 400 entrevistas realizadas en la ciudad y un margen de error acorde a los estándares de las ciencias sociales.
Desigualdades internas y racismo estructural
Ferreras fue más allá y señaló que el propio informe pone de manifiesto fuertes desigualdades internas. Citó, entre otros datos, que el riesgo de exclusión es mayor entre la población extranjera, las mujeres y la comunidad musulmana, algo que calificó como un ejemplo de “racismo estructural”. A su entender, el estudio desmonta el “mito de la pasividad” de las personas en exclusión y apunta a barreras estructurales como recursos insuficientes, dispositivos fragmentados y falta de acompañamiento.
Respuesta del Gobierno: avances y mejoras
La consejera de Servicios Sociales, Nabila Benzina, replicó defendiendo la gestión del Gobierno y negó que se esté ignorando el informe Foessa. Aseguró que el Ejecutivo también se apoya en ese estudio y lo calificó como “un hito histórico y una herramienta de diagnóstico fundamental” para Ceuta.
Benzina afirmó que los datos muestran una evolución positiva en la última década, con una reducción de casi diez puntos en el riesgo de pobreza y exclusión social, pasando del 44,3% al 34,6%. Según detalló, entre 8.700 y 12.200 personas habrían salido de esa situación, al tiempo que destacó el aumento de la renta media, la mejora en la capacidad material de los hogares y el descenso del abandono escolar temprano.
Más inversión social y un plan contra la exclusión
La consejera defendió además el incremento del peso de la política social en el presupuesto de la Ciudad, que pasa del 2,73% al 10,69% en 2025, así como el refuerzo de las rentas mínimas, la profesionalización de los cuidados y el aumento de las subvenciones a entidades sociales. Reconoció, no obstante, que persisten problemas estructurales, especialmente ligados a la falta de empleo, y señaló que el Gobierno ya trabaja en un plan contra la exclusión social basado en el perfil de riesgo que identifica Foessa.
Un debate que sigue abierto
En su réplica final, Ferreras insistió en que la mejora de algunos indicadores no puede ocultar que Ceuta “siempre mejora menos cuando las cosas van bien y empeora más cuando van mal”, algo que atribuyó a 25 años de gobiernos del PP. También reprochó al Ejecutivo que traslade la responsabilidad de la pobreza a quienes la sufren y defendió que el informe habla claramente de barreras estructurales, no de falta de esfuerzo individual.
Benzina cerró el debate rechazando esa interpretación y defendiendo la necesidad de un discurso “esperanzador” y de motivación en la búsqueda de empleo, negando que desde el Gobierno se culpe a las personas de su situación.
