El Ministerio de Función Pública ha presentado una primera oferta de incremento salarial para las empleadas y empleados públicos del 10 por ciento distribuido entre 2025 y 2028, pero la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la ha rechazado por considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Oferta salarial: 10 por ciento en cuatro años
Según el Ministerio, la subida se aplicaría a lo largo de los cuatro ejercicios, aunque no podrá superar el 4 por ciento en 2025 y 2026 debido al techo de gasto. El 6 por ciento restante se distribuiría entre 2027 y 2028, permitiendo un mayor incremento salarial en los últimos dos años del acuerdo.
Desde CSIF critican que el argumento del techo de gasto no es válido, considerando que la negociación debería haberse iniciado meses atrás y que el Gobierno está recaudando más que nunca, por lo que habría margen para revisar la propuesta.
CSIF rechaza la oferta por insuficiente
El sindicato más representativo en las administraciones públicas sostiene que la subida propuesta no cubre la inflación esperada para 2025 y 2026. En 2024, el IPC cerró en 2,8 por ciento y hasta octubre la inflación se situó en 3,1 por ciento, lo que implica que los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.
CSIF asegura que, desde 2022, los salarios públicos se han devaluado un 8 por ciento, y desde 2010, cuando se aplicaron recortes salariales, la pérdida acumulada alcanza casi el 20 por ciento.
A pesar del rechazo, CSIF confirma que seguirán negociando por responsabilidad, buscando un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.
Hoy se celebra una reunión entre los departamentos de Función Pública y Hacienda, y mañana continuará la negociación con las organizaciones sindicales. El sindicato destaca la expectativa generada entre el colectivo de empleados públicos, dada la acumulación de pérdidas salariales en los últimos años.
Adaptación de complementos por residencia e insularidad
Por otro lado, el Gobierno ha aceptado adaptar las cuantías económicas vinculadas al complemento de residencia e insularidad, así como las cuantías por razón de servicio -manutención y alojamiento-, que eran reivindicaciones “históricas” de CSIF.
