La ciudad autónoma de Ceuta se encuentra al borde del colapso en su sistema de atención a menores migrantes no acompañados. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia celebrada este martes en Madrid, donde ha exigido una respuesta solidaria y coordinada del Estado y las comunidades autónomas.
Gaitán ha señalado que, solo en los dos últimos días de la semana pasada, accedieron a la ciudad tantos menores como el 10% del total que ya se encontraban bajo tutela, lo que ha desbordado aún más unos recursos que ya operan con una sobreocupación del 420%. “El número de menores acogidos por cada mil habitantes en Ceuta multiplica por 24 la media nacional”, ha advertido.
Con apenas 18 km² y 85.000 habitantes, Ceuta —la ciudad con mayor densidad de población de España— se enfrenta a un reto que, según Gaitán, no puede asumir en solitario. Actualmente, el 75% de los menores están siendo atendidos en recursos provisionales o de emergencia, y el impacto económico de esta presión representa ya el 6% del presupuesto global de la Ciudad. “Es un esfuerzo desproporcionado e insostenible para una administración de nuestras dimensiones”, ha subrayado.
Durante la reunión extraordinaria, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y celebrada en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha trasladado a las comunidades autónomas el acuerdo para reformar el artículo 35 y activar el plan de respuesta solidaria que facilitará la reubicación de menores entre territorios.
Gaitán ha pedido que este sistema se aplique de forma ágil, ordenada y vinculante, con criterios objetivos y la implicación efectiva del Estado. “No se trata solo de Ceuta, Melilla o Canarias. Este desafío es de toda España y exige una solución estructural y coordinada en el marco de un Estado descentralizado con competencias compartidas”, ha recalcado.
La reunión —suspendida la semana pasada por el apagón generalizado en la península—ha contado también con la participación de los secretarios de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y de Política Territorial, Arcadi Espada. En ella se ha confirmado la necesidad de implementar una acogida vinculante y equitativa entre todas las comunidades, como paso imprescindible hacia un modelo de atención más justo y sostenible.
