Las empresas ceutíes continúan muy pendientes del futuro de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y a la espera de que el Gobierno de la Nación cumpla con su compromiso, verbalizado por la ministra de Hacienda en su visita a Ceuta durante la pasada campaña electoral, de modificar el Real Decreto del pasado mes de enero por el que cambiaba la forma en que las mismas se aplican en la ciudad, lo que puede suponer que algunos trabajadores dejen de estar bonificados, como hasta ahora, al 50 por ciento.
Una cuestión por la que hoy se ha interpelado al portavoz del Gobierno en funciones, Alberto Gaitán, quien comparecía por primera vez desde el anuncio de convocatoria de Elecciones Generales para el próximo mes de julio. A este respecto, el portavoz ha insistido en que “el compromiso del Gobierno central fue ese, que se solucionaría”, si bien ha subrayado que, desde enero, “ya ha habido tiempo para cambiarlo” sin que se haya producido dicha modificación.
Un cambio que, para que no entre en vigor, debe producirse antes del mes de septiembre y respecto al que, por el momento, nada saben, ni siquiera si se producirá antes del próximo 23 de julio porque “las Cortes ya están disueltas y los plazos se siguen acortando”. Gaitán ha explicado que, aún así, sería posible que fuera una realidad antes de la cita electoral. Para ello el Gobierno de la Nación tendría que aprobarlo en Consejo de Ministros y trasladarlo a la Diputación Permanente del Congreso para que lo convalidara.
Pese a esto, desde el Gobierno de la Ciudad se insiste en que nunca se debería haber llegado a este punto porque la nueva normativa recogida en el Real Decreto del pasado mes de enero “va en contra de lo que establece el Plan Integral para el Desarrollo Económico y Social de Ceuta (aprobado en octubre, meses antes del Real Decreto) y en contra del trabajo que se ha venido realizando a lo largo de las últimas décadas en la ciudad tanto en el ámbito de las bonificaciones a la Seguridad Social como de los impuestos.
El principal problema de esta situación, y así han insistido durante los últimos meses desde el Ejecutivo local y desde el Partido Popular, es la sensación de incertidumbre que genera, con empresas que desconocen a día de hoy que pasará con esas bonificaciones en apenas dos meses y medio y otras, interesadas en asentarse en la ciudad, que necesitan contar con una seguridad jurídica para tomar su decisión.
