El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, una subida salarial adicional del 0,5 por ciento para más de tres millones de empleados públicos, en cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022 con los sindicatos CCOO y UGT. La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, culmina el calendario retributivo pactado para el trienio 2022-2024, con subidas vinculadas a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado -IPCA-.
La decisión se adopta tras constatarse que la variación acumulada del IPCA entre 2022 y 2024 supera los incrementos salariales fijos ya aplicados en ese período. Esta subida será consolidable y se abonará en una de las próximas nóminas mediante una paga de atrasos correspondiente a los meses transcurridos desde enero.
Con esta medida, el Gobierno da por cerrado el acuerdo salarial trienal que contemplaba un incremento del 3,5 por ciento en 2022, del 3,5 por ciento en 2023 -2,5% fijo y 1% variable-, y del 2,5 por ciento en 2024 -2% fijo y 0,5% variable-. “Cumplimos nuestro compromiso con más de tres millones de empleadas y empleados públicos que sostienen el servicio público en todo el país”, ha destacado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
CSIF: “Han hecho falta meses de presión para que el Gobierno cumpla”
Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reaccionado con dureza, afirmando que esta medida llega tras una intensa presión sindical, manifestaciones en toda España y una queja formal elevada al Ministerio de la Presidencia en mayo. “Ha hecho falta mucho empuje por parte de CSIF para que se apruebe por fin esta subida pendiente del año pasado”, ha afirmado el sindicato en un comunicado.
CSIF asegura que el personal habilitado de los ministerios ya ha recibido la orden de tramitar el abono de los atrasos, que esperan se materialice en la nómina de julio para el conjunto de las administraciones.
Además, el sindicato ha exigido la convocatoria urgente de la mesa de negociación para pactar un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida correspondiente a 2025, así como la aprobación de una nueva oferta de empleo público sin tasa de reposición. Según sus cálculos, la congelación salarial ha supuesto ya una retención de 1.800 millones de euros para los trabajadores públicos, mientras que la pérdida de poder adquisitivo asciende al 8% desde 2022 y casi 20% desde los recortes de 2010.
Peticiones sindicales para el nuevo ciclo
Entre las reivindicaciones de CSIF para un nuevo acuerdo de legislatura destacan:
- La recuperación del poder adquisitivo perdido y la mejora de las condiciones salariales.
- La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en toda España.
- La equiparación salarial entre administraciones: “Igual trabajo, igual salario”.
- La mejora de la jubilación en el Régimen General y Clases Pasivas.
- La implementación generalizada del teletrabajo y la carrera profesional.
- La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
