La homogeneización del funcionamiento de las sociedades mercantiles y organismos autónomos dependientes de la Ciudad se ha convertido en uno de los retos prioritarios del Gobierno. Este objetivo, incluido como quinto eje estratégico para el 2026, pretende poner fin a la disparidad de criterios que existe actualmente entre unas entidades y otras, con la finalidad de agilizar los procedimientos de gestión, reforzar el control y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
El Ejecutivo subraya que estas sociedades, aunque dependen de la administración local y se financian exclusivamente con dinero público, operan como entes independientes, lo que ha generado con el paso del tiempo diferencias significativas en su funcionamiento interno.
Un único criterio para contratación, fiscalización y personal
El eje planteado por el Gobierno se centra de manera específica en homogeneizar aspectos clave como los procedimientos de contratación, los sistemas de fiscalización, la gestión del personal y los estatutos que rigen cada sociedad municipal.
La intención es que todas estas entidades cuenten con un rasero común, de modo que no existan divergencias que puedan ralentizar trámites, generar inseguridad administrativa o provocar problemas de coordinación. Según se ha explicado, disponer de criterios unificados permitiría que los procedimientos fueran más ágiles y transparentes, evitando situaciones de bloqueo o interpretaciones dispares de la normativa.
Un objetivo pendiente y condicionado por la diversidad de las sociedades
Durante la explicación de este eje, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha reconocido que no es la primera vez que se intenta avanzar en esta dirección y que hasta ahora no se ha logrado una homogeneización completa. Entre las razones que explican esta dificultad se encuentra la diversidad de las propias sociedades mercantiles, tanto en volumen de actividad como en presupuesto o estructura interna.
Cada entidad cuenta con estatutos aprobados en momentos distintos, algunos de los cuales han sido modificados a lo largo del tiempo para adaptarse a circunstancias concretas. Esto ha dado lugar a modelos de funcionamiento muy diferenciados, siempre dentro de la legalidad, pero con procedimientos que no siempre coinciden entre sí.
Entes independientes con sistemas de control distintos
El Gobierno ha insistido en que el problema no radica en una falta de voluntad, sino en la naturaleza jurídica de estas sociedades, que, aunque dependen de la Ciudad, son entes independientes. Esta condición implica que no todas están sometidas al mismo sistema de fiscalización, ya que depende, entre otros factores, de la intervención asignada o de quién gestione los procesos de contratación.
Esta realidad ha provocado que existan sistemas de control y contratación distintos, lo que complica la coordinación global y puede generar disfunciones en la gestión diaria. Precisamente por ello, el Ejecutivo considera necesario abordar este asunto de manera estructural.
Indicadores y parámetros comunes para evitar diferencias
La propuesta del Gobierno pasa por estudiar en profundidad la situación de cada sociedad mercantil y establecer una serie de indicadores, parámetros y obligaciones comunes que permitan que todas funcionen de manera similar. El objetivo final es evitar diferencias que, como se ha reconocido, han generado problemas en los últimos años.
Esta homogeneización no pretende eliminar la singularidad de cada entidad, sino ordenar su funcionamiento bajo un marco común, respetando la normativa vigente y garantizando que todas actúen con criterios similares en los aspectos esenciales de su gestión.
Más agilidad y eficiencia en los procedimientos
El presidente de la Ciudad comparte la visión de que avanzar en esta homogeneización permitirá ganar agilidad en los procedimientos administrativos. Al reducir la disparidad de criterios y simplificar los procesos, las sociedades mercantiles podrán responder con mayor rapidez y eficacia a las necesidades de la administración y de la ciudadanía.
