La atención a los menores extranjeros no acompañados es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Ciudad y así lo recoge la propia memoria del proyecto de Presupuesto General de la Ciudad para el año que viene que indica que “una de las principales preocupaciones a las que se enfrenta la Ciudad es poder atender a los Menores Migrantes que llegan con la dignidad que se merecen y que esta institución está obligada moralmente a prestar”. Así, recuerda este documento que acompaña al Presupuesto, “Ceuta ha vuelto a vivir una crisis migratoria de extrema gravedad, que lleva aparejado, un sincero sentimiento de dolor por quienes pierden la vida en el intento de llegar a nado a nuestra ciudad” y su manifestación más sensible no es otra que la de atención a los menores no acompañados, un área en en que, reconocen, “todas nuestras capacidades están agotadas, tanto en recursos de acogida como presupuestarias”
La causa, recuerdan la memoria elaborada por el área de Hacienda, no es otra que “el excepcional e insostenible incremento de las llegadas” que, en lo que va de año, han multiplicado por 6 a las que se produjeron en 2023. Es por ello que desde el Gobierno se mantiene la confianza en que la petición de socorro lanzada por la ciudad en los últimos meses, especialmente desde el mes de agosto, sea atendida y que, insiste el documento, “Ceuta no puede ni debe soportar las consecuencias de la vulnerabilidad de nuestra frontera, la de todos” por lo que se ha reclamado al Estado la colaboración necesaria para que esta atención sea la adecuada, “ya sea modificando la Ley de Extranjería, como aportando los recursos económicos que esta Administración necesita”. Unas soluciones que hasta el momento no han llegado pero en las que la ciudad sigue confiando, especialmente en las económicas, de ahí que se haya creado en el Presupuesto General de la Ciudad para 2025 un fondo específico de Emergencia de Atención a Menores de 11 millones de euros, que se ha declarado indisponible, y que será destinado a este fin, “una vez que tengamos la firmeza de la trasferencia del Estado que al efecto que necesita esta Ciudad”.
El documento recoge, además el cálculo de los costes de atender a los menores. Así, de cara a 2025, si se mantuviera la cifra actual, que es de en torno a 500 menores atendidos, el coste estimado sería 14.600.000 euros, de los que el Estado, de acuerdo con los fondos estructurales que aporta anualmente, proporcionaría 4'5 millones de euros, quedando sin cubrir más de 10 millones, que son los que se solicitarían de los denominados fondos EMAS-FAMI.
Interpelada por cuándo llegaran estos fondos, la consejera de Hacienda ha mantenido el discurso que a lo largo de los últimos meses han puesto sobre la mesa otros miembros del Gobierno, subrayando que “la situación es límite y hasta el momento ha habido que echar mano al fondo de contingencia en dos ocasiones para atender a estos menores con dignidad”. Pese a ello, ha transmitido que “nos han dicho y tenemos confianza en que van a llegar, ahora mismo no nos movemos en otro escenario” y ha recordado que esta no es la primera vez que la Ciudad se enfrenta a una situación similar, explicando que “ya pasó en 2021, tuvimos que crear esa partida indisponible” pero cuando llegue la resolución “podremos disponer de esos recursos”.
Además de esta partida indisponible, para hacer frente a la situación de emergencia, la memoria del Prespuesto General de la Ciudad para 2025 recoge también otra actuación que se considera fundamental para el área de menores y no es otra que la construcción de un nuevo centro en lo que fue la prisión de Los Rosales. Un centro de alojamiento de menores que tendrá un coste de 7.867.726,01, de los que la ciudad aporta 1.567.726,01, mientras que el resto se asumen cargo al PRTR. Según señala la memoria, “este centro no solo garantizará un espacio adecuado y seguro para la acogida, sino que también proporcionará un entorno especializado donde estos menores puedan acceder a programas educativos, psicológicos y de integración social, en cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales”. La creación de este centro, insiste el Gobierno a través de la memoria del Presupuesto, “responde a nuestra responsabilidad como ciudad en la protección y el bienestar de los niños y adolescentes, independientemente de su origen, asegurando que reciban la atención adecuada para su desarrollo personal y su integración en la sociedad. Además, se enmarca en un enfoque integral que promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad”.
