La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha llevado a Pleno este jueves dos importantes documentos que se han aprobado, en el primer caso con los votos a favor del PP y los no adscritos (la ordenanza que regulará las rentas máximas de los alquileres de vivienda protegida y quienes pueden acceder a ella) y la modificación del Plan de Vivienda, en este caso sumando los votos a favor de MDyC. Y manteniendo la abstención de PSOE y Ceuta Ya! y el único voto en contra en ambos casos de Carlos Verdejo. Y en ambos casos, los dos documentos organizan la política de vivienda de la Ciudad Autónoma para los próximos años, hasta 2028 y van a contribuir a que en lo urbanístico nada cambie, habrá que ver si se consigue influir en el precio de la vivienda y en paliar la dificultad de acceso a un techo digno de la ciudadanía, desbordada por los actuales precios.
Lo principal es que hay cambios sustanciales en el Plan de Vivienda. Donde el Gobierno planteaba la construcción de 1.038 viviendas se quedan ahora en 945, aunque el documento las estime en 915. Y lo principal quizás es que desaparecen del plan dos cuestiones: No habrá promoción alguna destinada a la compra-venta de vivienda de promoción pública a precios asequibles. Todo lo que se va a construir será para alquiler con precios limitados. La segunda cuestión que cambia es que el Ejecutivo renuncia a la colaboración público-privada y desaparece por tanto las 120 viviendas que no estaban ubicadas en ninguna parte a la espera de que los promotores privados se interesaran por esta cuestión. Todo lo que se construya se levantará con fondos públicos. Algo que advirtió en su día Ceuta Ya! Que suponía “una estafa”, como se ha encargado de recordar su portavoz, Mohamed Mustafa. “Entonces se rieron de nosotros, hoy vienen a darnos la razón”, ha manifestado para señalar acto seguido las dos grandes estafas en materia de vivienda en este tipo de colaboración, la promoción de Huerta Téllez en régimen de cooperativa privada que orquestó Francisco Márquez con la empresa sevillana, Dolmen, quebrada después dejando en el aire a cientos de personas que ya habían puesto dinero. Y el bloque de viviendas que sigue faltando en el Sarchal (las casas de colores) a pesar de que se pagó más por la obra de lo inicialmente previsto.
Fomento prevé invertir de aquí a 2028, 76 millones de euros y a esa cifra se suman otros 6 que se espera ponga el Estado. Y además se añaden plazos de inicio de obras, finalización y entrega de viviendas en alquiler, todas.
Requisitos, ingresos máximos y mínimos y rentas topadas
En lo normativo, el Gobierno ha sacado adelante la aprobación inicial de la ordenanza que regulará la concesión de estas viviendas y las cuantías del alquiler e incluso establece, por si acaso un precio máximo de venta por metro cuadrado cifrado ahora en 2000 euros por metro cuadrado construido. Para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, 160.000 euros. Lo hace aunque no haya nada previsto en construcción para venderse.
Lo sustancial es que se establecen tres tipos de alquiler. El tipo I, bautizado como “alquiler asequible” o de “régimen general” tendrá un máximo de 7,5 euros al mes por metro cuadrado. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, la renta se queda en 600 euros mensuales. Ha este tipo de alquileres públicos podrán acceder las personas que sin tener más carga familiar que ellas mismas ganen entre 1.800 y 3.300 euros al mes. Rentas que en su parte alta en realidad no deberían tener mayor problema para acceder una vivienda en el mercado libre.
El segundo tipo de vivienda es el denominado “Alquiler Asequible en Régimen Especial”. En este caso podrán acceder a este tipo de inmuebles quienes tengan rentas mensuales entre los 960 y los 1.740 euros mensuales. Y el alquiler máximo que pagarían será de 4,5 euros por metro cuadrado, para una vivienda de 80 metros cuadrados, la renta se quedaría en 360 euros al mes.
La última tipología establecida es la III, denominada “alquiler social o vivienda social”. En este caso podrán acceder a estos alquileres las Petronas que acrediten unos ingresos mensuales entre 300 y 900 euros al mes y la renta que pagarán se quedará en 2 euros por metro cuadrado, 160 euros para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados.
Por supuesto en todos los casos no se puede tener una vivienda ya en propiedad, la vivienda debe destinarse a residencia principal. No se puede subarrendar y el largo etcétera de prohibiciones que ya existían hasta la fecha.
Promociones, plazos y costes
Se mantiene el volumen previsto de construcción en Huerta del Molino, 160 viviendas. Pero ya no serán para compra venta a precios asequibles, serán de alquiler. Alquiler del tipo I, es decir para personas que ganan entre 1.800 y 3.300 euros mensuales. Incluso más si hay cargas familiares porque los coeficientes correctores van de 1 hacia abajo. La inversión prevista, que ahora asumirá la Ciudad Autónoma íntegramente (antes estaba planteada una colaboración público-privada) será de 23,5 millones de euros. El Gobierno quiere licitar en noviembre de este año, comenzar las obras en marzo del que viene y acabar la obra el uno de junio de 2027 para entregar las viviendas en septiembre de 2027.
En Pozo Rayo se pasa de 96 viviendas previstas a 123 y ya tampoco serán para venta a precios asequibles. Podrán acceder a ellas de nuevo las rentas más altas, entre 1.800 y 3.300 euros al mes de ingresos y el pago del alquiler será de 600 euros mensuales para un piso tipo de 80 metros cuadrados, como las de Huerta Molino. Se estima el coste de la obra en 18 millones de euros. Se prevé licitar este próximo julio, que las obras empiecen en noviembre y que se finalicen en febrero de 2027 para entregarlas en julio de 2027.
Se mantienen las 42 viviendas que estaban previstas en el Monte Hacho, Sarchal en realidad, justo donde falta una torre. De nuevo destinadas al alquiler asequible tipo I, para rentas entre 1.900 y 3.300 euros con un alquiler máximo para un piso de 80 metros cuadrados de 600 euros al mes. Se estima un coste de 6,2 millones de euros. Se espera licitar en agosto de este año, que las obras comiencen en diciembre y que finalicen en febrero de 2027 par ser entregadas en julio de ese mismo año. Estabas estaban contempladas para dedicarlas a los programas de alojamiento alternativo de Servicios Sociales. Ahora serán para rentas altas.
Hasta aquí, 325 viviendas (1 de cada 3 de las que se preven) destinadas a las rentas altas y ubicadas en el distrito 2, considerado centro. No se explica, pero cabe pensar que quien ha pensado el Plan espera que el aluvión de viviendas públicas en alquiler a precios de alquiler topados, cercanos, pero algo más bajos de lo que dicta el mercado en la actualidad, en 2027 contribuya a que la oferta de vivienda privada tenga que rebajar precios.
Se mantienen las 29 viviendas de Huerta Téllez, las primera que se van a empezar a construir. El presupuesto es de 4 millones de euros. El Gobierno está a punto de firmar el contrato después de haber quedado desierto el primer concurso por haber bajado el precio. Aquí el Estado aporta 900.000 euros. Las obras se espera que empiecen en julio, el mes que viene, y se espera que estén acabadas en diciembre del próximo año y se entreguen en febrero de 2027. Estarán dedicada al alquiler de tipo II, asequible, pero de régimen especial. Podrán acceder a ellas quienes tengan ingresos entre 960 y 1.740 euros mensuales y la renta a pagar para un piso de 80 metros cuadrados es de 360 euros mensuales.
Mismas condiciones para las 71 de plaza Nicaragua. 8.685.000 euros de presupuesto para la obra que se espera que empiece en mayo de 2026 y finalice en agosto de 2028 para entregar las llaves en octubre de ese 2027. Su estatus no cambia sobre lo que estaba previsto en el inicio del Plan de Vivienda.
Las 90 de Santiago Apóstol siguen en el Plan y también destinadas a ese alquiler asequible de tipo II, régimen especial, idénticas condiciones a Plaza Nicaragua y Huerta Téllez. Van en la parcela conocida como Trocha Otero que corre paralela a la Nacional de la frontera entre Juan XXIII y la gasolinera del Chorrillo. El presupuesto es de 15.935.000 euros. Se espera que empiece las obras en mayo de 2026 y que se finalicen en noviembre de 2027 para entregarse en enero de 2028. En el plan aprobado inicialmente también iban destinadas a alojamiento alternativo.
Son 190 viviendas para alquileres para rentas “medias” en la zona intermedia del campo exterior.
El resto de viviendas que contempla el Plan tampoco cambia, se mantiene las 200 viviendas que se prevén construir en Loma Colmenar-Los Rosales, la enorme parcela que está en la loma ya urbanizada tras la cárcel de los Rosales. Se prevé un coste de 30 millones de euros. Y se espera que los trabajos comiencen en julio de 2026 y se acaben en enero de 2028 para entregar las llaves en abril de 2028. En este caso, la financiación está prevista que se incluya dentro del Plan Estatal de Vivienda, pero aún hay flecos por cerrar. A estas viviendas se las enmarca en el denominado Tipo III, Alquiler Social, podrán optar quienes ingresan entre 300 y 900 euros mensuales y la renta a pagar para un piso de 80 metros cuadrados será de 160 euros al mes.
Hay otras 230 viviendas previstas en dos parcelas de Loma Colmenar, alrededor del Hospital. El suelo sigue en manos de SEPES, y estas viviendas no cuentan con plazos aunque sí con presupuesto, 30,6 millones de euros. Pero todo está en manos de la empresa pública estatal del suelo. Se prevé destinarlas también al denominado alquiler social, exactamente mismas condiciones que las anteriores.
Con esto se resume que hay otras 430 viviendas, destinadas a las rentas más bajas, también en alquiler y en la periferia más alejada del centro. Son además las que más van a tardar. Los pobres, para después en una ciudad con un 40 por ciento de familias en riesgo de exclusión social.
El modelo de construcción para correr más es el de tipo industrializado, es decir tirando de prefabricados tanto como sea posible. El debate no ha sido profuso en ninguno de los dos puntos, entre otras porque la ordenanza ha de volver a pasar por el Pleno y casi todos los grupos de la oposición han prometido enmiendas a la ordenanza. A la vista de los documentos técnicos que firma en la mayoría de los casos en lo que se refiere a la ordenanza un cargo político, la directora general de Urbanismo, Aurora Visiedo, se notan ciertas prisas, y es que la ordenanza sigue hablando de modelos de vivienda pública de compraventa y estableciendo limites a la misma, aunque ahora mismo se hayan caído del Plan de Vivienda.
La anterior reglamentación dotaba de 2006 y se actualiza ahora ante la necesidad de acometer el Plan de Vivienda. Es en este plazo temporal, donde han hecho hincapié la mayoría de los grupos de la oposición para anclar en esas casi dos décadas que han pasado el nulo interés del Gobierno en construir vivienda con fondos propios. Algo que cambia ahora y de qué manera con 76 millones de inversión en 4 años y 945 viviendas a la vista, 715 si se descuentan las que no tienen plazo aún en los suelos de SEPES en Loma Colmenar.
La única crítica que no ha ido en ese sentido ha sido la de Ceuta Ya!, su diputada Julia Ferreras, ha avisado que se abstienen en la normativa para presentar enmiendas: “Nos chirrían cosas, tanto los umbrales como la distribución de viviendas en diferentes regímenes que nos parece que lejos de generar modelos reales de convivencia perpetúa las desigualdades”, algo que en realidad salta a la vista y que seguramente cuando este debate sí se lleve a cabo -no ha sido el caso de hoy- se defenderá que en realidad las promociones están repartidas en tipologías en función de lo que a día de hoy marca el mercado.
