Hace apenas una semana que el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto que permitirá el traslado de menores extranjeros no acompañados de las autonomías colapsadas a aquellas que no lo están y la polémica sigue creciendo. Respecto a la misma, este martes el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha señalado que “en esta cuestión el Gobierno ha sido bastante claro y me reitero, tanto el Consejo de Gobierno como el Grupo Popular estamos totalmente de acuerdo con el Real Decreto y su aplicación lo antes posible, porque soluciona la problemática de los menores de Ceuta, esa es la postura que defendemos desde Ceuta y la que seguiremos defendiendo”.
Precisamente a esta cuestión se ha referido este martes la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, quien ha pedido al diputado por Ceuta, Javier Celaya, que vote a favor en el Congreso de este Real Decreto, a pesar de que el Partido Popular a nivel nacional se ha mostrado en desacuerdo. Por esta petición, precisamente, se ha interpelado al portavoz del Ejecutivo este martes, especialmente por si desde el Partido Popular local se va a pedir al diputado ese voto favorable. Ante eso, Ramírez ha señalado que “nosotros pedirle que vote a favor no vamos a hacerlo, es una cuestión personal e interna del PP a nivel nacional” y ha subrayado que, hasta el momento, no han estado en contacto directo con Celaya para plantear nada sobre esta cuestión, explicando, sin embargo, que “tendrá que decidir respecto a lo que marque el partido y la importancia que tenga para la ciudad”.
Una importancia que el Gobierno de la Ciudad tiene clara, pues, ha explicado Ramírez, el texto inicial establece un número límite de menores en Ceuta por debajo de los 100, actualmente se superan los 400, y ante niveles de colapso, como el que se vive a día de hoy, esos menores deberán repartirse en 15 días a otras comunidades. Una medida que soluciona el problema al que Ceuta se viene enfrentando desde el pasado año no solo desde el punto de vista de la atención a los menores con recursos adecuados, sino también desde el de la estabilidad financiera que se ha visto afectada por esta situación de saturación de los servicios de menores.
Ahora, las distintas autonomías tienen hasta el 31 de marzo para remitir al Gobierno de la Nación sus datos de menores así como el resto de indicadores solicitados antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de la que el portavoz espera que salga una postura unánime respecto a los criterios de reparto. De no ser así, ha explicado, finalmente será la postura del Gobierno la que acabe aplicándose.
