El Consejo de Ministros aprobaba en su reunión de este martes, a propuesta de Hacienda, el acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de permitir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible compensar económicamente a diversas empresas públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, solicitó autorización para modificar los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar la tramitación de diversos contratos para la prestación del servicio de navegaciones de interés público.
La necesidad de prorrogar en 2024 los contratos de las líneas entre la Península y Canarias (dos años más) y entre la Península y Ceuta (un año más) hace preciso, explican las referencias del Consejo de Ministros publicadas por la Moncloa, iniciar un nuevo expediente de solicitud de autorización para la modificación de los porcentajes para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios posteriores.
En el caso de Ceuta, recoge la referencia del Consejo de Ministros, el contrato actualmente vigente fue firmado el 26 de junio de 2023 con la empresa Balearía Eurolíneas Marítimas S.A., y tenía una duración establecida de un año desde el 1 de julio de 2023. El importe anual, explica el documento, es de 1.268.901 euros. Al finalizar este contrato, lo que ocurrirá el próximo 30 de junio, continúa la referencia del Consejo de Ministros, es necesario tramitar la prórroga del mismo por un periodo de un año, es decir, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. De este modo, la cantidad correspondiente al ejercicio de 2025 supone un importe de 739.942,27 euros. Esa cantidad será el compromiso de gasto de cara al año que viene.
De este modo queda de manifiesto la intención del Gobierno de la Nación de prorrogar el actual contrato de la línea de interés público con la compañía Balearia, pues así se recoge ya en este compromiso de gasto.
