El Gobierno ha sufrido una contundente derrota parlamentaria tras el rechazo del decreto ‘Omnibus’, un texto que intentaba aglutinar numerosas medidas para satisfacer las exigencias de sus socios nacionalistas y otros apoyos parlamentarios. Sin embargo, la estrategia ha fracasado, dejando en el aire la actualización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y generando incertidumbre para más de 12 millones de pensionistas.
Aunque la subida anunciada para enero está garantizada, la falta de aprobación de un decreto específico sobre pensiones antes de mediados de febrero podría significar una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas a partir del segundo mes del año. Este escenario ha puesto de manifiesto las tensiones en la coalición de gobierno y la incapacidad de lograr consensos suficientes para sacar adelante medidas clave.
La maniobra de vincular la revalorización de las pensiones a un paquete de concesiones políticas ha sido duramente criticada por la oposición y varios sectores sociales, que acusan al Ejecutivo de priorizar acuerdos políticos por encima del bienestar de los pensionistas. Con el rechazo del decreto, el Gobierno queda en una posición comprometida, obligado a negociar un nuevo texto que asegure la estabilidad económica de los jubilados y evite un golpe a su poder adquisitivo.
