El debate sobre unas pocas plazas de aparcamiento ha cristalizado hoy en el pleno en un choque político que trasciende lo logístico y se convierte en una discusión sobre gestión de lo público, igualdad y transparencia. El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Guerrero, llevó al pleno la denuncia de que el aparcamiento interno del Instituto Ceutí de Deportes (ICD), sufragado con dinero público, se está utilizando como “garaje privado” para altos cargos y personal de confianza, dejando fuera a monitores, entrenadores, personal de mantenimiento y a los propios usuarios del complejo deportivo.
Guerrero: “Lo público, reservado para unos pocos”
Guerrero articuló la crítica en términos normativos y éticos: afirmó que ese uso privativo vulnera el principio de igualdad que debe regir la administración y refleja “un modelo de gestión donde los privilegios pesan más que el sentido del servicio público”. Subrayó que el problema es simbólico y estructural y que la cuestión del aparcamiento evidencia “cómo se entiende y ejerce el poder y la administración pública”.
Para forzar explicaciones, el portavoz planteó una batería de preguntas que exigió responder en la sesión plenaria:
- ¿Cuál es la naturaleza jurídica del aparcamiento (bien patrimonial o dominio público afecto al servicio deportivo)?
- ¿Qué normativa, resolución o instrucción regula su acceso? ¿Existe documento que autorice uso exclusivo para directivos?
- ¿Qué criterios se usan para excluir a trabajadores y usuarios?
- ¿Es compatible con los principios de igualdad, mérito y transparencia destinar un bien público al uso exclusivo de determinados cargos?
- ¿Prevé el Gobierno revisar la situación y establecer un uso equitativo, rotatorio o abierto a personal y usuarios?
- ¿Se ha pensado en señalización y priorización para movilidad reducida, deportistas o personal en eventos?
Guerrero reclamó acceso abierto ya para todos los empleados, señalización para movilidad reducida, una evaluación pública del uso y el fin de “privilegios de despacho”.
Cecchi: planta técnica, normativa y seguridad laboral
En su respuesta, el consejero Nicola Cecchi (intervención en nombre del Gobierno) detalló la configuración técnica del complejo deportivo —el pabellón Guillermo Molina— describiendo sus niveles y dependencias: planta técnica, talleres de mantenimiento, cuarto de caldera, grupo electrógeno, vaso de piscina, almacenes, vestuarios y 16 plazas de aparcamiento en la planta cero. Explicó que el edificio es una instalación deportiva compleja con accesos diferenciados por niveles y usos distintos para público, clubes, federaciones, personal y oficinas.
Cecchi defendió que el acceso a la planta cero está restringido en horario laboral y que el aparcamiento en ese nivel forma parte de una zona técnica que presta servicio a instalaciones (mantenimiento, suministro, cargas y descargas). Adujo razones de prevención de riesgos laborales y citó la instrucción de intervención municipal y el artículo 312 de la Ley de Contratos del Sector Público, subrayando que los convenios con empresas contratistas incluyen cláusulas que prohíben el acceso de personal de la empresa contratista a determinados servicios (entre ellos, aparcamiento y zonas reservadas).
En su intervención final, Cecchi reiteró que todos los trabajadores del ICD pueden aparcar si vienen en vehículo —y negó que exista un aparcamiento “reservado” para directivos—, pero insistió en que la apertura generalizada del espacio sería ilegal y peligrosa sin los informes previos de prevención de riesgos, intervención y la adaptación del plan de autoprotección. Añadió que la plaza se utiliza además para vehículos de mantenimiento y para la gestión operativa del complejo.
Réplicas y argumentos sobre seguridad y proporcionalidad
Guerrero replicó que la explicación de “zona técnica” no justifica la exclusión total de monitores y personal operativo que necesitan aparcar para realizar su trabajo (actividades infantiles, entrenamientos, mantenimiento). Propuso medidas técnicas ya utilizadas en otras administraciones: control de acceso con tarjetas, lectores, cámaras, rotaciones y señales para compatibilizar seguridad y acceso del personal operativo. Insistió en que el aparcamiento fue pagado con fondos públicos y que su uso debe respetar la igualdad y la transparencia.
Cecchi contestó que la gestión del ICD se realiza conforme a normativa y priorizando la seguridad del edificio y su operativa, y defendió la actuación del organismo, subrayando que el ICD organiza alrededor de 100 eventos al año. Reiteró la necesidad de informes técnicos para cualquier cambio.
Más que plazas, una discusión sobre lo público
La interpelación dejó claro que, aunque se trate de 16 plazas, la controversia toca cuestiones mayores: quién decide sobre bienes públicos, con qué criterios y con qué transparencia. El PSOE exige medidas correctoras y una evaluación pública; el Gobierno apela a la normativa, a la seguridad y a la complejidad técnica del edificio.
