El falso SAP, un concepto no reconocido por los manuales oficiales de psicopatología, es considerado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, como una herramienta con tintes machistas que ha sido empleada en situaciones judiciales para deslegitimar las denuncias de violencia de género y desproteger a las víctimas, principalmente mujeres y niños. "Conceptos pseudocientíficos como el falso SAP, el Gatekeeping o la Triangulación, están detrás de situaciones dramáticas para los menores de edad y sus madres", declaró Martínez Perza.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha expresado su apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente a aquellas que sufren violencia vicaria, un tipo de agresión indirecta a través de sus hijos e hijas. Carmen Martínez Perza recordó que, en muchos casos, cuando las mujeres logran alejarse de sus agresores, estos utilizan a los menores como una forma de causarles el máximo daño posible, manteniendo su control y dominación.
A este respecto, la delegada subrayó la necesidad de que la violencia vicaria sea claramente definida en el ordenamiento jurídico español, para que los tribunales puedan actuar con mayor seguridad y claridad al respecto. Desde el Ministerio de Igualdad, se han propuesto medidas que podrían incluirse en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el fin de garantizar un marco legal más robusto y eficiente frente a este tipo de violencia.
Martínez Perza también hizo hincapié en que, en todos los casos, el interés superior del menor debe prevalecer por encima de cualquier intento de mantener el vínculo con un progenitor maltratador. “Un maltratador nunca podrá ser un buen padre", afirmó. Este principio fundamental debería guiar las decisiones judiciales, protegiendo siempre la seguridad y el desarrollo pleno de los niños y niñas, alejándolos de situaciones que puedan poner en peligro su bienestar emocional y físico.
Con estas iniciativas, el Ministerio de Igualdad reafirma su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y con la mejora del sistema judicial, para asegurar que los menores no sean utilizados como instrumentos de control y manipulación en situaciones de abuso.
