La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la vicepresidenta de la Ciudad, María Isabel Deu, están llamadas a declarar el próximo 1 de septiembre en el procedimiento abierto por la Fiscalía de área para esclarecer la devolución de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de mayo de 2021. Una devolución de la que, por cierto, está a punto de cumplirse el primer aniversario.
Dos entidades, L'Escola y la Red Española de Inmigración, han solicitado formalmente incorporarse al proceso, para ejercer la acusación particular contra ambas. Sin embargo, el Juzgado les ha pedido una serie de garantías que, admiten, les ha sorprendido.
A la Red se le piden 1.500 euros. Y a L'Escola, 'fianza bastante'. Algo que, fuentes de esta entidad, señalan que "nos ha dejado algo descolocados, ya que este proceso se inicia precisamente a raiz de una denuncia que presentamos nosotros", admiten.
"No se nos ha dicho, en el escrito que nos remiten, cuanto es esa fianza bastante. Nosotros somos una entidad pequeña, que no recibe subvenciones, y no sabemos a cuanto nos podemos enfrentar" de cantidad.
La 'fianza bastante' es un figura jurídica que se aplica cuando "resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades si no se prestare la fianza exigida, resolviéndose al acordar el Juez de Instrucción la apertura del juicio oral sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal en relación con la persona acusada como respecto de los responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si no la prestare la persona acusada en el plazo que se le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a quienes no hubieran sido acusados".
Según fuentes judiciales, se fijan estas cantidades "para evitar acusaciones indiscriminadas sin fundamento". Desde L'Escola se señala, por otra parte que "a estos gastos hay que sumarles abogado y procurador, y en la fecha que estamos, no creemos que nos de tiempo" a tenerlo todo listo para la declaración de estas personas.
En cualquier caso, es algo que no preocupa mucho en cuanto al calendario de actuaciones "puesto que nosotros queremos estar presentes en el juicio oral". Dan por hecho, por tanto, que Fiscalía "no archivará las actuaciones, ya que hasta ahora los pasos que están dando son correctos".
Desde la Red se señala a Ceuta Televisión que "el coste estimado es de unos 10.000 euros, y no tenemos ayuda de nadie", refiriéndose a todo el proceso. En cualquier caso "lo importante es que Fiscalía dice que alguien ha hecho algo mal, y debe pagar por ello". Quien sea "ese alguien, se deberá aclarar" en esas primeras declaraciones.
