domingo. 04.12.2022
CASO EMVICESA

La juez Lucini procesa a 60 personas, entre ellos López, Alí, Mohamed y Román

La juez Raquel Lucini ha cerrado el sumario del "Caso EMVICESA". La magistrada ha decidido procesar por varios delitos a un total de 60 personas. Entre ellas, el ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, el diputado de Caballas, Mohamed Alí, así como el que fuera gerente del PP, Jesús González Barceló. También varios empleados de la sociedad municipal

Punto y seguido en el "Caso EMVICESA". La juez Raquel Lucini ha puesto final a años de instrucción, con el auto de procesamiento a 60 personas. Entre ellas, y al margen del señalado como principal inculpado -Antonio López-, otros rostros conocidos de la política local. Concretamente, las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, el diputado de Caballas Mohamed Alí o el que fuera gerente del PP y diputado autonómico, Jesús González Barceló.

 

En el caso de López, al que la juez considera "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable"  se le acusa de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. A la magistrada también le llama la atención el "importante aumento" detectado en el patrimonio del ex viceconsejero.

 

Sobre los otros miembros de la 'trama política', la magistrada procesa "por el delito continuado de malversación de caudal público, delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de falsedad documental (imputable a Susana Román), y, además tráfico de influencias en el caso de Rabea Mohamed Tonsi y Mohamed Mohamed Ali". Por lo referente al ex diputado y ex gerente del PP, Jesús González Barceló, "procede proceder contra el por un delito de tráfico de influencias, dado que utilizaba su relación con el partido político en el que ostenta el cargo de gerente (Partido Popular), para conseguir de Antonio López una vivienda de Protección Oficial, dado que el investigado era conocedor de que Antonio entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal. De hecho, confiesda saber que una persona le contó que había entregado 3.000 euros para comprar una casa y no lo denunció".

 

 

También son procesados cinco empleados de EMVICESA (" para obtener el enriquecimiento, dado que dichos funcionarios, que participaban con funciones administrativas en el procedimiento de selección de los adjudicatarios de vivienda, (...), han actuado a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama, a sabiendas de que las directrices que tomaban y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía, ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la comisión local de la Vivienda"), dice Lucini; la red de "captadores" - la juez señala en su auto   que cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios" que negociaba esta y los supuestos "compradores", a los que se imputa un delito de cohecho.

 

La juez da un plazo de cinco días para interponer posibles recursos.

La juez Lucini procesa a 60 personas, entre ellos López, Alí, Mohamed y Román
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