El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una modificación presupuestaria clave para poder ejecutar varias obras impulsadas por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, entre ellas la construcción de un centro educativo en el solar del Brull, en Ceuta.
La medida aprobada consiste en aumentar el número de anualidades y ajustar los límites de gasto que la administración puede comprometer en ejercicios futuros, tal y como permite el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Este cambio es necesario para poder afrontar proyectos de gran envergadura que requieren financiación durante varios años.
En concreto, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura ha solicitado modificar los límites de dos partidas destinadas a inversiones reales incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente prorrogados en 2026. Estas partidas cuentan con una dotación inicial de más de 14,6 millones y 23,6 millones de euros, respectivamente.
Actualmente, ya existe crédito reservado para ejercicios posteriores en una de esas partidas: más de 6 millones de euros para 2027 y algo más de 3 millones para 2028.
Uno de los proyectos más destacados que se beneficiará de esta modificación es la construcción de un centro educativo integrado en el solar del Brull, en Ceuta. Este complejo incluirá unidades de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (6+12+16+6), y su tramitación se prevé de forma anticipada en 2026.
El presupuesto previsto para la construcción del centro educativo en Ceuta se reparte en cinco anualidades, con una inversión que comienza en 3,3 millones de euros en 2027 y va aumentando progresivamente hasta alcanzar más de 8 millones en 2031, a lo que se suma una reserva adicional de 2,9 millones de euros ese último año, elevando el total final de 2031 a 10,95 millones de euros.
La ejecución de esta obra tendrá carácter plurianual y se desarrollará a lo largo de cinco ejercicios, desde 2027 hasta 2031. Además, como exige la normativa para este tipo de contratos, será necesario reservar un 10 por ciento adicional del importe de adjudicación en 2031 como garantía de cumplimiento.
Con esta decisión, el Gobierno busca asegurar la viabilidad financiera de proyectos educativos y culturales, permitiendo que puedan planificarse y ejecutarse a medio plazo sin las limitaciones de los presupuestos anuales.
