La Mesa por el Diálogo Social se reunirá en la jornada de este miércoles con un objetivo en exclusiva: analizar la situación en que quedan las bonificaciones a la Seguridad Social tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un nuevo sistema de ayudas que pretende paliar los cambios introducidos en el Real Decreto del pasado mes de enero.
Empresarios y sindicatos tendrán la oportunidad, este miércoles, de exponer ante la consejera de Hacienda su perspectiva sobre lo sucedido. Una perspectiva que ya ponían sobre la mesa los empresarios, tanto Cámara de Comercio como CECE, la pasada semana manifestando su malestar y subrayando que las ayudas a la contratación indefinida aprobadas por el Consejo de Ministros no dan respuesta a las demandas exigidas por el sector empresarial en relación a la reforma del RDL 1/2023, por el cual las empresas radicadas en Ceuta dejaban de bonificarse como hasta ahora el 50 por ciento de los seguros sociales. Así, la Cámara de Comercio subrayaba que "todos los agentes sociales, no solo empresariales, hemos estado demandando una rectificación a este Real Decreto al objeto de que se volviera a la situación actual, por la cual las empresas liquidaban mensualmente y de manera automático sus seguros sociales con una bonificación del 50 %. Estas bonificaciones constituyen uno de los pilares básicos de nuestro régimen económico y fiscal y suponen una de las herramientas más eficaces para la conservación de la economía y empleo y clave para la atracción de nuevas inversiones y empresas".
Quienes no se han manifestado públicamente hasta el momento han sido los sindicatos que, en los últimos días, han señalado que debían analizar el nuevo Real Decreto y el sistema de ayudas creado en el último Consejo de Ministros de la Legislatura, por lo que su análisis en la reunión de este miércoles será vital para conocer cuál es su postura respecto a este tema.
La consejera de Hacienda, por su parte, señalaba el jueves de la pasada semana que “nosotros teníamos un sistema que se ha cambiado por otro de ayudas”. Esto, explicaba, “debilita el incentivo para las empresas instaladas o que tienen intención de venir”. El principal problema reside en que “las empresas tienen que adelantar parte de la cotización y lo recibirán una vez el año se haya cumplido”. Las empresas tendrán que solicitar la subvención en el primer trimestre del año, a través de un expediente específico, lo que incrementará la carga burocrática. Además, recordaba, estas ayudas deberán incluirse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y el Gobierno de la Nación en su nuevo decreto establecía un límite temporal, el año 2026.
Todas estas circunstancias convierten el nuevo sistema en “un retroceso de nuestro Régimen Económico y Fiscal, además de un incumplimiento del Plan Integral que pretendía mejorar nuestro REF”. Una medida que “afecta directamente a la transformación económica que hemos iniciado y a la implantación de nuevas empresas”, que “afecta a las empresas y a los trabajadores, es un paso atrás muy importante que nunca se había producido”, señalaba la consejera Kissy Chandiramani antes de anunciar este encuentro que tendrá lugar en la jornada de mañana y en la que podrá exponer a los agentes sociales esta visión, además de escuchar sus consideraciones y preocupaciones en relación con este nuevo sistema.
