El proceso de municipalización del servicio de limpieza pública viaria sigue avanzando. Así se desprende del acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno este miércoles por el que se abre el primer expediente de modificación de crédito de este año para crear las tres partidas necesarias para la constitución de una sociedad mercantil municipal, las de transferencias corrientes, transferencias de capital y activo financiero, cada una de ellas con un euro.
Un paso, el de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, previo a su paso por el pleno para su aprobación inicial, la exposición pública durante 15 días y la aprobación definitiva, en caso de que, finalmente el pleno apruebe la gestión directa del servicio público de limpieza viaria.
Así, en lo que se refiere al debate de la municipalización, ha explicado el portavoz del Gobierno durante su comparecencia de este martes, este mismo miércoles se han convocado ya las comisiones informativas correspondientes, que está previsto que se celebren el próximo lunes, mientras que la fecha prevista para el pleno sería el 7 de marzo, es decir, el jueves de la semana que viene.
Durante su intervención de este miércoles, Alejandro Ramírez ha vuelto a insistir en que, según la memoria técnica y la propia Intervención de la Ciudad, la gestión directa es a día de hoy la opción más favorable económicamente, todo ello a pesar de que durante las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa que dicha memoria no recogía algunos gastos corrientes ni las reivindicaciones de empleados de otros organismos también dedicados a la limpieza viaria, como las Brigadas Verdes, que exigen su inclusión en la plantilla de la nueva sociedad municipal encargada del servicio de limpieza. Una cuestión que a día de hoy no parece contemplar el Ejecutivo local, pues al ser interpelado sobre el personal que se subrogará el propio portavoz ha subrayado que se hará “a través de los datos que facilite la empresa (TRACE) o la Seguridad Social”, afirmando que “se va a subrogar el personal que tenga que subrogarse (de acuerdo a lo que establece la legislación”.
Pese a ello, ha recordado el portavoz del Gobierno, es el pleno quien tiene que tomar la decisión, para lo que se reunirá, como les decimos el próximo día 7. Si bien ha insistido en el ahorro económico que, según Ramírez, sería incluso superior a lo recogido en la memoria (más de 300.000 euros) y, según el informe de Intervención, se elevaría hasta el medio millón de euros.
