La jornada laboral de 35 horas semanales será una realidad para todo el personal de la Administración General del Estado (AGE). Así lo han confirmado este viernes los sindicatos tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Función Pública que permitirá extender esta medida a la totalidad de la plantilla, sin exclusiones.
Este avance incluye también al personal estatutario del INGESA en Ceuta, Melilla y el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.
Tanto CCOO como CSIF han valorado el acuerdo como un avance histórico, aunque cada organización subraya su propio papel en una negociación que llevaba pendiente desde hace años.
Fin de las exclusiones en la jornada laboral
Uno de los principales puntos de fricción durante las negociaciones ha sido el alcance de la medida. La propuesta inicial de Función Pública planteaba limitar la aplicación de las 35 horas al personal con jornada ordinaria de lunes a viernes, dejando fuera a colectivos con condiciones especiales, como trabajadores con turnos, jornadas partidas o personal de centros docentes y sanitarios en Ceuta y Melilla.
Desde CCOO rechazaron esta posibilidad al considerar que generaba una situación de desigualdad entre empleados públicos con el mismo empleador. El sindicato defendía que no existía justificación legal para que una parte de la plantilla trabajase 1.533 horas anuales frente a las más de 1.642 horas de otros colectivos.
Finalmente, Función Pública ha aceptado la propuesta sindical, comprometiéndose a aplicar la jornada de 35 horas a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la AGE, independientemente de sus condiciones laborales.
Más de 246.000 empleados beneficiados
El acuerdo tendrá impacto sobre más de 246.000 empleados públicos -246.500 según datos de CSIF-, lo que lo convierte en una de las medidas laborales más relevantes en el ámbito de la administración estatal en los últimos años.
La reducción de jornada se aplicará de forma progresiva debido a la diversidad de servicios públicos. En un plazo máximo de 15 días, el Ministerio de Función Pública prevé modificar la resolución vigente sobre jornadas y horarios (fechada en febrero de 2019) para adaptarla al nuevo marco de 35 horas semanales.
Además, los departamentos ministeriales, organismos públicos y agencias deberán ajustar sus calendarios laborales e instrucciones internas, previa negociación con la representación sindical en cada ámbito.
Adaptación de jornadas especiales
El acuerdo también contempla la adaptación de las jornadas con condiciones específicas. En el caso del personal con especial dedicación —actualmente con jornadas de 40 horas—, estas se reducirán hasta una media de 37,5 horas semanales en cómputo anual.
Asimismo, los horarios especiales y turnos existentes deberán reorganizarse para garantizar su compatibilidad con la nueva jornada sin afectar a la prestación de los servicios públicos ni a la atención a la ciudadanía.
Mejora de la conciliación y modernización
Los sindicatos coinciden en que la implantación de la jornada de 35 horas supondrá una mejora significativa en la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, así como en la salud física y mental de los trabajadores.
También destacan que esta medida contribuirá a modernizar la organización del trabajo en la administración, mejorar la productividad y facilitar la atracción y retención de talento en el sector público.
Desde CSIF, subrayan además que se trata de una medida “pionera” en el mayor ámbito laboral del país, que podría servir de referencia para otras administraciones.
Necesidad de reforzar las plantillas
No obstante, la reducción del tiempo de trabajo —2,5 horas semanales menos, lo que supone un descenso del 7,1 por ciento— obligará a adoptar medidas organizativas. Entre ellas, la revisión de la planificación de recursos humanos y la detección de necesidades de personal, especialmente en servicios de atención al público y en aquellos sujetos a turnos.
En este sentido, CCOO advierte de la importancia de que la implantación de las 35 horas no afecte a la calidad de los servicios públicos y reclama que la Oferta de Empleo Público de 2026 se negocie con rapidez para cubrir las necesidades existentes.
Por su parte, CSIF recuerda que el envejecimiento de la plantilla -con más del 50 por ciento de los trabajadores por encima de los 50 años- y las jubilaciones previstas en los próximos años hacen necesario reforzar el empleo público para garantizar el funcionamiento de la Administración.
Un acuerdo con impacto estructural
La jornada de 35 horas en la Administración General del Estado se enmarca en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' y en el acuerdo para la mejora del empleo público firmado en noviembre, consolidándose como una de las principales reformas laborales en el sector público estatal.
Su aplicación efectiva en los próximos meses marcará el alcance real de una medida que, según los sindicatos, aspira a mejorar tanto las condiciones laborales de los empleados públicos como la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
