Las reacciones a la confirmación del Tribunal Supremo de que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal, por la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería, no se han hecho esperar. Así, en las últimas horas se han pronunciado los representantes de dos de las entidades que pusieron en marcha el procedimiento para poner fin al proceso iniciado para la devolución de estos menores a su país de origen, realizada de forma conjunta entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad Autónoma. Por la misma se encuentran encausadas tanto la ex delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, como la consejera responsable en aquel momento de Menores, Mabel Deu. Tanto Mateos como Deu están acusadas de un presunto delito de prevaricación administrativa en la devolución a Marruecos de estos 55 menores y se enfrentan a una pena de entre 12 a 15 años de inhabilitación, si bien ambas se encuentran ya fuera de la vida política.
Así, desde Coordinadora de Barrios, su presidente, Javier Baeza, ha señalado en un comunicado de prensa que “la sentencia recuerda a las autoridades que no pueden haber recortes de derechos a la infancia. Ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar”. Un posicionamiento en el que incide Patricia Fernández, abogada de la entidad, quien señala que “el pronunciamiento de la Justicia es claro, la devolución de los niños fueron expulsiones colectivas, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una gravísima violación que puso en grave riesgo a 55 niños. Este pronunciamiento del Tribunal Supremo tiene que contribuir a poner coto a las violaciones de derechos en nuestras fronteras”.
La abogada de Coordinadora de Barrios ha ido más allá y en declaraciones a la Cadena Ser no ha dudado a la hora de señalar que el Gobierno “Inventó un procedimiento que no existía, ignoró conscientemente la ley para poder devolver a los niños”. Lo que derivaba en las actuaciones judiciales que les venimos contando desde este lunes.
Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces, por su parte, ha señalado, también mediante un comunicado de prensa, que “resulta frustrante que ,una vez más, tengamos que llegar hasta los más altos tribunales para demostrar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de los niños y niñas que llegan solos a España”, destacando que, “aunque esta sentencia hay que celebrarla, nos preocupan mucho algunos de aquellos niños, que quedaron solos en situación de calle y desprotección”.
Paloma García de Viedma, abogada de Fundación Raíces, por su parte, ha insistido en que “el Tribunal Supremo le recuerda al Gobierno y a la Ciudad de Ceuta que España es un estado de derecho, que no hay lugar para la arbitrariedad de los poderes públicos y que los derechos de los niños deben ser protegidos por encima de cualquier otro interés”. Para la abogada de Fundación Raíces, esto “es hoy más necesario que nunca, pues vemos constantemente como la protección de las fronteras se pone por delante de la defensa de los derechos humanos”.
