Desde el sindicato han señalado que "instamos a la representación del Gobierno Central en Ceuta que exija a la Ciudad Autónoma que se adapte a las nuevas necesidades fronterizas que le cubre el Ejecutivo nacional". El empleo de la seguridad privada en la frontera del Tarajal y su entorno, han explicado, data de un acuerdo-convenio entre Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno rubricado en 2018 y en el que, entre otras cuestiones, al margen de la seguridad privada (para el porteo aún vigente en la época por Tarajal II), se financiaban otros aspectos y recursos del denominado ‘hecho fronterizo’ (recogida de basuras, cartonajes, Parque Móvil, Amgevicesa, Obimace, Trace, Tragsa…) con una suma por la que el Estado se comprometía a ingresar en las arcas locales 3,2 millones de euros.
En esa época, la seguridad privada, que se empleaba para el Tarajal II (Porteo), con un menor número de vigilantes y de horas de servicio muy inferior al actual, suponían unos 400.000 euros al año. El resto de la cuantía estaba destinado a los servicios antes mencionados en el llamado ‘Hecho Fronterizo’. Actualmente, y tras la reapertura de la frontera, Comisiones Obreras ha explicado que pudo conocer de los informes emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fortalecer el servicio con lo prevenido por la Ley, "como es emplear Seguridad Privada. Máxime cuando se estaba a las puertas de una OPE, la primera tras dos años de pandemia y de cierre fronterizo, con fuertes expectativas".
El acuerdo entre Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma para esta nueva etapa, se fundamentaba en aquél anterior convenio de 2018, pero expresamente dimensionado para la reapertura de la frontera tal y como, tanto CNP como Guardia Civil, habían previsto para una necesaria y buena operativa en grado de eficiencia y eficacia, han insistido.
Desde mayo hasta este último mes de 2022, la seguridad privada empleada ha supuesto, sin duda, un mayor número de vigilantes y de horas acorde a la exigencia de estos nuevos momentos en el tránsito fronterizo, cuyo coste ha recaído en la Ciudad Autónoma, pero en cuantía muy inferior al grueso de lo previsto en el convenio entre las dos administraciones y, teniendo en cuenta que algunos de los parámetros de los previstos en el acuerdo de 2018 ya no son tan cuantiosos o, incluso inexistentes, como cuando existía el porteo, era de suponer que el empleo de la seguridad privada pudiera ser la baza de mayor impulso en el nuevo acuerdo entre ambas administraciones. En mayo se inició el servicio con 56 vigilantes de seguridad privada, en octubre se redujo el número de vigilantes a 40, pero ahora, han explicado desde CCOO, y según lo establece el BOCCE el número final de efectivos quedaran en 24 vigilantes de los 56 que empezaron. Algo, han asegurado, que "veníamos avisando de que pasaría y al final hoy se confirma".
"Pese a que los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan siendo favorables al empleo complementario de la seguridad privada, la Ciudad Autónoma ha establecido una cuantía -menor de 1 millón de euros al año- que entendemos no cumple para mantener y acreditar la buena labor en términos de eficacia y de eficiencia, por cuanto ha de prescindirse de casi la mitad de profesionales que se encontraban desplegados en la frontera del Tarajal", han continuado.
Por ello, "CCOO insta a la Delegación del Gobierno a que con la Ciudad Autónoma rubrique un nuevo convenio adaptado a las actuales circunstancias, se dimensione económicamente las verdaderas necesidades, teniéndose en cuenta los momentos de aumento de tránsito fronterizo que se prevén para Ramadán, Semana Santa y OPE 2023, amén del día a día y con especial atención los fines de semana para que el usuario no vea mermada su atención, en términos de orden y agilidad; no se saturen los servicios desplegados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y, por supuesto, se defiendan los puestos de trabajo de los profesionales de la seguridad privada. Por tanto, que se exija a la Ciudad Autónoma el cumplimiento de su parte en el empleo de unos fondos que vienen derivados desde la Administración General del Estado"
