Los senadores del Partido Popular por Ceuta, Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam Al Lal, han acusado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, de “dejación y grave incompetencia” tras conocer la respuesta oficial del Gobierno a sus preguntas parlamentarias sobre la situación de la psiquiatría en la ciudad, con especial incidencia en la atención a menores.
Según han denunciado, el propio Ejecutivo reconoce que Ceuta ha atravesado periodos prolongados sin psiquiatras en activo dentro del sistema público, una circunstancia que el Ministerio califica como “coyuntural” e “imprevisible”, pero que, según el PP, ha obligado durante meses a externalizar la asistencia y a recurrir a derivaciones para mantener el servicio.
Los menores han sido derivados y se ha roto la continuidad asistencial
Para Díaz y Abdeselam, resulta “especialmente grave” que el Gobierno sostenga que la atención psiquiátrica infanto-juvenil “no se ha visto interrumpida en ningún momento”, cuando, a su juicio, los datos oficiales evidencian que los menores han sido derivados fuera del circuito público ordinario, con cambios de profesional y ruptura de la continuidad asistencial. “Derivar no es garantizar la atención; es reconocer que el servicio público no podía prestarse con medios propios”, han subrayado.
En la respuesta remitida al Senado, el Ejecutivo admite que al menos 99 expedientes de pacientes infanto-juveniles fueron reprogramados mediante derivación hasta el 13 de octubre de 2025. Sin embargo, los senadores populares critican que no se aporten datos posteriores ni se detalle cuántos menores han seguido siendo derivados desde entonces. A su entender, esta falta de información revela una “grave falta de transparencia” por parte del INGESA.
¿Cuántos menores han sido derivados desde octubre?
Ante esta situación, ambos representantes han registrado una nueva pregunta parlamentaria para conocer cuántos expedientes de menores han sido derivados desde el 14 de octubre de 2025 hasta la actualidad, cuántos pacientes han tenido que salir fuera de Ceuta y cuántos han cambiado de profesional como consecuencia de la falta de especialistas. “Si el Gobierno solo facilita datos hasta una fecha concreta y guarda silencio sobre lo ocurrido después, es porque no quiere o no puede explicar la dimensión real del problema”, han advertido.
Los senadores consideran también “inaceptable” que el Ejecutivo llegue a afirmar que “no es preciso disponer de psiquiatras infanto-juveniles”, minimizando la necesidad de dispositivos específicos para infancia y adolescencia. Recuerdan que el propio INGESA reconoce que habitualmente se asignan dos psiquiatras a esta atención y que, cuando estos profesionales faltaron, no existía un plan eficaz de sustitución.
Asimismo, critican que el Gobierno evite concretar fechas, contratos o perfiles de los especialistas anunciados, limitándose a referencias genéricas sobre planificación de recursos humanos. A su juicio, “no hay compromisos verificables ni garantías de que esta situación no vuelva a repetirse”.
La Sanidad es competencia directa del Estado
Díaz y Abdeselam han recordado que la sanidad en Ceuta es competencia directa del Estado, por lo que rechazan que se intenten diluir responsabilidades apelando al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en red. “Eso no es coordinación sanitaria; es la prueba de que el INGESA no ha sabido planificar ni proteger un servicio esencial”, han afirmado.
Desde el Partido Popular exigen al Gobierno de España que adopte “medidas estructurales reales” para dotar a Ceuta de un dispositivo público estable de psiquiatría infanto-juvenil, con profesionales suficientes, presencia efectiva en la ciudad y garantías de continuidad asistencial para los menores.
