El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para esclarecer el uso de cámaras de videovigilancia de origen chino en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. El PP considera que se trata de una cuestión que compromete la seguridad nacional y la soberanía tecnológica de las fronteras.
Cámaras vetadas por aliados internacionales
El diputado por Ceuta, Javier Celaya, ha solicitado respuestas claras sobre la instalación en 2021 de cámaras ‘DOMO’ de la marca ‘Hikvision’, vetada en países como Estados Unidos, Reino Unido y en instituciones de la Unión Europea por considerarse una amenaza para la seguridad nacional y su presunta colaboración con el régimen chino en violaciones de derechos humanos contra la población uigur.
“¿Puede garantizar el Gobierno de España que estas cámaras no suponen una amenaza para la seguridad nacional en nuestras fronteras terrestres con Marruecos?”, pregunta el Grupo Popular. “¿Puede asegurar el Ejecutivo que la República Popular de China no tiene capacidad alguna para supervisar las imágenes o el funcionamiento de estos dispositivos instalados en Ceuta y Melilla?”, insisten en el escrito registrado en el Congreso.
Preocupación por la soberanía tecnológica
Desde el Partido Popular se considera "inadmisible" que el control y la protección de las fronteras españolas puedan quedar expuestos a tecnologías vetadas por aliados y socios internacionales, especialmente en un enclave tan sensible como el perímetro fronterizo con Marruecos.
“El Gobierno debe aclarar de inmediato si ha realizado una evaluación de riesgos, si se han tomado medidas de ciberseguridad y por qué se ha optado por una empresa cuya reputación está gravemente comprometida por su implicación con el aparato de control del régimen chino”, ha declarado Celaya.
Exigen una auditoría urgente
El Grupo Popular exige transparencia, garantías de seguridad y una auditoría urgente de los sistemas de videovigilancia instalados en las fronteras de Ceuta y Melilla para evitar cualquier interferencia extranjera en una materia que afecta directamente a la integridad territorial y a la seguridad de los ciudadanos.
