Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han alzado la voz este jueves contra la entrada en vigor del Real Decreto que regula la ventanilla única digital para el registro de alojamientos turísticos de corta duración. Tras participar en una jornada informativa en el Ministerio de Vivienda, han reclamado de forma unánime la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo ante lo que califican de “improvisación, confusión normativa y falta de coordinación institucional”.
El nuevo sistema, que el Gobierno prevé aplicar el 1 de julio, ha generado fuertes críticas por parte de los responsables autonómicos, que consideran que la normativa ha sido diseñada sin consenso, sin planificación y sin garantías jurídicas. Según advierten, su implantación inmediata —en plena temporada alta— puede provocar un colapso operativo, afectar gravemente al sector turístico y generar un marco de inseguridad legal para ciudadanos, empresas y administraciones.
Críticas al fondo y a la forma
Durante el encuentro, las CCAA del PP expusieron cinco motivos principales de preocupación:
- Falta de planificación y precipitación: Denuncian que el decreto se aprueba sin tiempo para preparar su aplicación, y sin contar con la opinión de las comunidades que gestionan el grueso de las competencias en turismo.
- Ausencia del Ministerio de Turismo: Critican que el departamento dirigido por Jordi Hereu ha estado ausente tanto en la jornada como en todo el proceso de diseño del decreto, a pesar de su enorme impacto en el sector.
- Intrusión competencial: Reprochan que actores ajenos al ámbito turístico, como los registradores de la propiedad, asuman funciones que corresponden legalmente a las administraciones autonómicas.
- Confusión normativa: A menos de dos semanas de su entrada en vigor, persisten graves dudas sobre los criterios de aplicación, la coordinación de registros y la transmisión de datos, lo que compromete la seguridad jurídica.
- Falta de información clara para administraciones y ciudadanos: Los responsables técnicos denuncian que aún no disponen de instrucciones precisas para implementar la norma ni para orientar a los operadores turísticos.
Piden cambios y más inclusión
Las comunidades reclaman no solo la paralización de la entrada en vigor del Real Decreto, sino también la inclusión del sector privado en el diseño del sistema, así como la creación de un grupo de trabajo único, con representantes de las CCAA, el sector turístico y las plataformas digitales.
Además, han exigido mecanismos eficaces contra la proliferación de anuncios ilegales en plataformas de alojamiento, que hoy escapan al control administrativo y “perjudican gravemente la competencia leal, la calidad del destino y la confianza del visitante”.
A pesar de su desacuerdo con la fórmula jurídica elegida, las CCAA comparten el objetivo europeo de regular las viviendas turísticas conforme a la legislación vigente. Sin embargo, insisten en que la normativa estatal debe ajustarse al marco competencial y ofrecer certezas, no confusión.
En palabras de los responsables autonómicos, “el modelo actual no solo es inviable en el corto plazo, sino que ignora completamente la realidad del turismo en España”.
