Las comunidades gobernadas por el PP acusan al Ministerio de Sanidad de actuar de forma sectaria y de utilizar el proceso como herramienta de confrontación política, mientras exigen que no se juegue con la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios, una cuestión que preocupa también en territorios como Ceuta.
Reforma del Estatuto Marco bajo la lupa del PP
Las comunidades autónomas del Partido Popular han respondido de manera conjunta a la carta remitida por la ministra de Sanidad, Mónica García, exigiendo un cambio de rumbo en la gestión de la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario. En su misiva, consensuada por todos los consejeros de Sanidad del PP, reclaman que el Ministerio abandone lo que califican como una actitud sectaria y convoque de forma efectiva a todos los actores implicados para abordar una reforma de gran calado para el sistema sanitario.
Desde el PP subrayan su voluntad de diálogo y cooperación institucional, pero dejan claro que este debe asentarse sobre el respeto a las competencias autonómicas, la transparencia, el rigor técnico y la corresponsabilidad financiera. A su juicio, no es aceptable que el Ministerio haya alcanzado preacuerdos parciales con solo una parte de los profesionales sanitarios, excluyendo a otros colectivos, y que ahora pretenda trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de una situación marcada por la falta de informes y por un creciente clima de confrontación.
Críticas a la gestión del Ministerio de Sanidad
Los consejeros populares rechazan de forma expresa el uso que, a su entender, está haciendo Mónica García de la reforma del Estatuto Marco como instrumento de confrontación política. Consideran que esta estrategia está enfrentando no solo a distintas categorías profesionales, sino también a administraciones públicas e incluso a ministerios del propio Gobierno.
En este contexto, el PP reclama que el Ministerio convoque a todos los actores implicados, incluidos los sindicatos médicos, y que cuente también con otros departamentos gubernamentales que se verán afectados por la reforma, como los Ministerios de Hacienda y de Función Pública. Además, insisten en la necesidad de disponer de las preceptivas memorias jurídica, técnica y económica antes de abordar cualquier modificación del texto legal.
Rigor y sensibilidad con los profesionales sanitarios
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha sido especialmente contundente al advertir de los riesgos de la improvisación. “Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir lo que hemos visto hoy mismo, cuando Sánchez anuncia una cosa y sus propios socios de coalición en Moncloa dicen que no lo van a apoyar”, ha señalado, subrayando que no se puede jugar de esa manera con la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Fúnez ha puesto el acento en la financiación autonómica, que debe garantizar todos los futuros avances que se contemplen en el Estatuto Marco. En este punto, ha criticado que el presidente del Gobierno haya ofrecido “un cupo catalán a Junqueras, sin pensar en la Sanidad y los servicios públicos de todos”, supeditando, según el PP, lo que es de interés general a su relación con los independentistas.
“Compartiendo el objetivo de mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, cualquier propuesta debe ir acompañada de las memorias preceptivas y de saber quién y cómo se van a pagar esas mejoras”, ha defendido la vicesecretaria, quien ha reclamado al Ejecutivo “la misma sensibilidad con los médicos que con Junqueras”.
Denuncia de un uso electoral del Ministerio
En su respuesta, los consejeros de Sanidad del PP también denuncian que la carta de Mónica García parece responder más a una estrategia de proyección mediática que a un verdadero ejercicio de cooperación institucional. Argumentan esta crítica en la rapidez con la que el contenido fue difundido a los medios de comunicación y en el intento de atribuir a las comunidades autónomas un papel determinante en el proceso de renovación del Estatuto Marco.
Según exponen, en numerosas ocasiones los anuncios del Gobierno han sido conocidos por los ejecutivos autonómicos a través de los medios o de las redes sociales, lo que evidencia, a su juicio, una falta de coordinación y de lealtad institucional. Los consejeros muestran además su sorpresa ante una ministra que ahora se presenta como escrupulosa con las competencias, cuando anteriormente ha realizado anuncios que excedían esos mismos límites.
Para el PP, esta incoherencia demuestra un uso partidista del Ministerio de Sanidad y una gestión deficiente del proceso negociador, que ha generado un problema que ahora el Gobierno no es capaz de resolver. Una situación que mantiene en vilo a los profesionales sanitarios y que tiene repercusiones en todo el territorio nacional, incluida Ceuta, donde cualquier cambio en el Estatuto Marco es seguido con especial atención por su impacto directo en el sistema de salud y en las condiciones laborales de sus trabajadores.
