El Partido Popular ha defendido en la Comisión de Pesca del Senado una moción para reforzar la vigilancia y el control frente al uso de redes de deriva ilegales en el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y el litoral mediterráneo. La iniciativa no ha contado con el apoyo del PSOE, que ha optado por la abstención, algo que ha lamentado el Partido Popular.
La propuesta ha sido presentada, precisamente, por la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz, quien ha advertido de que “si algo está prohibido por ser destructivo, pero sus efectos siguen manifestándose en nuestras costas, es evidente que la respuesta no está siendo suficiente”. Durante su intervención, Díaz ha recordado que las redes de deriva están expresamente prohibidas por la normativa europea e internacional debido a su carácter indiscriminado y su elevado impacto ambiental, al provocar la captura accidental de cetáceos, tortugas marinas, tiburones, rayas y aves protegidas.
Aumento de embarcaciones y falta de contundencia
Cristina Díaz ha subrayado que, según investigaciones publicadas en 2024 por la Fundación Justicia Ambiental, las embarcaciones vinculadas al uso de redes de deriva ilegales han pasado de unas 370 en 2010 a 846 en 2024, más del doble en poco más de una década. Además, ha alertado de que, al tratarse de una actividad opaca, los propios expertos estiman que las cifras reales podrían multiplicarse por diez.
En el entorno del Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Mar de Alborán, distintas organizaciones sitúan en torno a 150 los rederos que operan de forma recurrente, especialmente en temporada de pez espada, utilizando redes que pueden alcanzar hasta 12 kilómetros de longitud.
La senadora popular ha vinculado este fenómeno a flotas que operan en el entorno del norte de África y ha defendido que la cooperación internacional debe ser “más eficaz y verificable”, siempre dentro del respeto a las relaciones bilaterales y al marco normativo vigente.
“No estamos ante un problema nuevo, pero sí ante un problema que ha ido a peor y que hoy exige más control, más transparencia y más coherencia entre lo que decimos y lo que realmente ocurre en el mar”, ha afirmado durante su intervención.
Ceuta y la labor de las asociaciones locales
Díaz ha puesto en valor durante la misma el trabajo de asociaciones ceutíes como CECAM y DAUBMAN, dedicadas a la concienciación, rescate y recuperación de especies marinas protegidas que llegan a las costas heridas o debilitadas.
“En Ceuta sabemos lo que supone ver tortugas asfixiadas, cetáceos mutilados o redes abandonadas que siguen atrapando fauna durante años. Y también conocemos el esfuerzo de voluntarios y profesionales por reparar ese daño”, ha señalado, insistiendo en que la moción no cuestiona el marco normativo existente, sino que exige reforzar su aplicación efectiva para que la prohibición de las redes de deriva se traduzca en una protección real del medio marino y en condiciones de competencia justa para los pescadores que sí cumplen la ley.
Las medidas propuestas
En concreto, la moción del Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno a reforzar de manera específica la vigilancia marítima frente al uso de redes de deriva ilegales en zonas especialmente sensibles como el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán; intensificar y evaluar de forma transparente la cooperación internacional para prevenir y perseguir estas prácticas; impulsar campañas de sensibilización y prevención dirigidas a evitar el uso de artes prohibidas; y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar objetivamente la eficacia de las actuaciones adoptadas.
A pesar de que durante el debate el PSOE ha reconocido la existencia del problema, ha decidido no respaldar la iniciativa. “Cuando se conocen los datos, cuando se sabe que el fenómeno se ha duplicado y que sigue causando daños visibles en nuestras costas, abstenerse es mirar hacia otro lado”, ha lamentado la senadora popular tras esta decisión de los socialistas.
El Partido Popular sostiene que proteger el medio marino no es solo una declaración de intenciones, sino una obligación legal y una responsabilidad con territorios como Ceuta, que conviven directamente con las consecuencias de estas prácticas ilegales.
