El Partido Popular ha elevado al Senado la situación que atraviesa la Administración de Justicia en Ceuta tras la implantación del nuevo modelo organizativo impulsado por el Ministerio de Justicia. Según expone la formación política, el proceso se está llevando a cabo en un contexto de desorden, falta de información y ausencia de planificación, lo que ha generado un clima de incertidumbre tanto entre los funcionarios como entre los profesionales que prestan servicio en los juzgados ceutíes.
En una batería de preguntas registradas en la Cámara Alta, el PP pone el foco en lo que considera un hecho “incontestable”: la reorganización se ha impulsado sin informar adecuadamente al personal, sin un calendario público, sin criterios claros de adscripción y sin garantías explícitas para los trabajadores afectados. A día de hoy, sostienen los populares, ni los funcionarios ni los operadores jurídicos saben con certeza cómo van a trabajar, con qué medios ni bajo qué estructura organizativa.
Falta de información y seguridad jurídica
Entre las cuestiones planteadas al Ministerio de Justicia, el Partido Popular pregunta qué información oficial se ha facilitado a los funcionarios de Justicia en Ceuta y en qué fechas, así como si el Gobierno considera aceptable poner en marcha una reforma de esta magnitud sin planificación pública ni seguridad jurídica para los empleados públicos.
Asimismo, la iniciativa parlamentaria exige explicaciones sobre los mecanismos de control establecidos para garantizar que las decisiones adoptadas durante el proceso de implantación se ajustan a la legalidad y respetan los derechos estatutarios del personal. El PP advierte de que la ausencia de transparencia y de criterios claros incrementa el riesgo de arbitrariedad y conflicto laboral.
Sin refuerzo de medios humanos y materiales
Otro de los ejes centrales de las preguntas registradas se refiere a la falta de medios. El Partido Popular denuncia que el nuevo modelo se está implantando sin un refuerzo previo y suficiente de recursos humanos y materiales, pese a que Ceuta presenta limitaciones estructurales conocidas y una Administración de Justicia históricamente bajo tensión.
En este sentido, los populares preguntan cuántos funcionarios integran actualmente la plantilla efectiva, cuántos serían necesarios para una implantación ordenada y si existe —o no— un plan específico para Ceuta que tenga en cuenta la dispersión de sedes judiciales y las singularidades organizativas del territorio. A su juicio, ignorar estas circunstancias compromete seriamente la viabilidad del nuevo modelo.
Riesgo de colapso y deterioro del servicio
Las preguntas registradas en el Senado advierten del riesgo real de disfunciones graves, retrasos procesales y un deterioro evidente del servicio público de Justicia si el proceso continúa desarrollándose de forma acelerada y sin medios. Por ello, el PP reclama al Ministerio que aclare si ha evaluado el impacto sobre la carga de trabajo, la seguridad jurídica y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de Ceuta.
El Partido Popular considera que una reforma organizativa de este calado debería estar precedida de estudios técnicos, consenso con los profesionales y una dotación suficiente de recursos, condiciones que —según denuncian— no se están cumpliendo.
Supervisión y posibles correcciones
La iniciativa parlamentaria también exige saber qué órganos del Ministerio de Justicia están supervisando directamente el proceso, con qué periodicidad se evalúan sus efectos y si se están revisando las instrucciones, protocolos y órdenes de servicio dictadas en Ceuta para comprobar que no exceden las competencias legales.
Además, el PP pregunta de forma expresa si el Ministerio está dispuesto a introducir correcciones en caso de que se constate que la implantación del nuevo modelo se está realizando sin información, sin planificación y sin consenso con los trabajadores.
Malestar entre los funcionarios y preocupación ciudadana
La batería de preguntas subraya el malestar existente entre los funcionarios de Justicia y plantea abiertamente si esta situación de incertidumbre es compatible con una administración moderna, eficaz y respetuosa con sus empleados públicos. Los populares cuestionan igualmente qué garantías ofrece el Ministerio para asegurar que Ceuta no está siendo utilizada como territorio de prueba para reformas organizativas sin haber resuelto previamente las carencias estructurales que arrastra su sistema judicial.
Exigencia de garantías para el futuro
Finalmente, el Partido Popular exige al Ministerio de Justicia que responda con claridad si puede asegurar que el nuevo modelo no supondrá una pérdida de calidad del servicio público ni un deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia en Ceuta. Una garantía que, a juicio del PP, hoy no puede ofrecerse a la vista de los hechos.
