El debate sobre la acogida de menores migrantes no acompañados vuelve a tensar la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Según el Partido Popular, en declaraciones de Feijóo, dirigentes regionales han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a tutelar al menos a un millar de menores solicitantes de asilo.
Según sostiene, pese a contar con “todos los recursos del Estado”, el Gobierno apenas ha sido capaz de reubicar a “15 menores”, mientras traslada a las autonomías la gestión de más de 3.000 jóvenes en situación de desamparo. Una carga que, denuncian, llega en un momento de máxima saturación de los servicios públicos regionales.
Denuncia amenazas con la policía
Las críticas se han intensificado tras conocerse que, según estas mismas voces, el Gobierno habría advertido a los presidentes autonómicos de que se verían obligados a acatar el reparto bajo la amenaza de la intervención policial. “¿Cómo le puede usted mandar la policía a los presidentes autonómicos?”, reprochan, reclamando un cambio en las prioridades del Ejecutivo.
En este sentido, Feijóo apunta directamente a la política migratoria y a la falta de refuerzos en el control fronterizo. “Lo que tiene que mandar usted son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las fronteras españolas, para asegurar la seguridad de los españoles y de los ciudadanos que viven en nuestro país”, han concluido entre aplausos.
La polémica añade -si cabe más- un nuevo frente de confrontación territorial en torno a la gestión migratoria, un ámbito que desde hace años provoca choques competenciales y políticos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
