Uno de los grandes temas de discusión en la política en España, también en Ceuta, que deja este 2025 que se aproxima a su fin es el de la política de vivienda. Sacudida por un problema real, que copa buena parte de las preocupaciones de toda la ciudadanía: la dificultad de acceder una vivienda por la vertiginosa carrera al alza de los precios de alquiler y, en menor medida, venta. Ceuta no sólo no es ajena a esta realidad sino que en los últimos lustros ese problema se palpaba ya de forma clara. A esa tendencia nacional suma la ciudad, como casi siempre, sus propias peculiaridades. De un lado, la falta de espacio para construir, el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana durante décadas, una vez aprobado su falta de desarrollo, entre otras cosas por la no existencia de una Ley del Suelo específica para la ciudad, y de otro la llegada de no poca mano de obra de la península que ha venido para quedarse y que ha engordado la demanda propiciando un cocktail casi perfecto para el alza de los precios de alquiler. Y quizás como aderezo de esa situación el parón en cualquier política de vivienda que supuso el estallido del Caso Emvicesa que desveló una oscura red de venta de adjudicaciones, precisamente de viviendas públicas en alquiler.
Por primera vez desde que Juan Vivas se hizo con la Presidencia de la Ciudad en aquella ya lejanísima moción de censura en 2001, su Gobierno ha diseñado y apostado de forma contundente y clara por la construcción con fondos propios de viviendas públicas para tratar de abordar un problema que tiene magnitudes muy claras. A los datos de alguna agencia que sitúan en cerca de los 900 euros el precio medio del alquiler se opone la realidad de las webs dominantes del mercado del alquiler patrio: Fotocasa e Idealista. En donde es casi imposible encontrar una vivienda en alquiler de dos habitaciones que no ronde los 1.200 euros. Todo eso en una ciudad en la que cerca del 40 por ciento de su población vive cerca del umbral de pobreza.
Así las cosas as principios de años, el consejo, entonces de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, sacaba adelante en el Pleno de la Asamblea, un ambicioso Plan de Vivienda, que apostaba entonces por levantar en el periodo entre este 2025 y 2028 cerca de un millar de nuevas viviendas.
Lo hacía entonces apostando por la colaboración público-privada y dejando en manos de promotores parte del impulso del plan. Se les ofrecería suelo a precios asequibles para que levantaran promociones si asumían topar los precios.
La propuesta duro poco. A rebufo del Plan Estatal de Vivienda, el propio Ramírez optó por modificar el Plan en pocos meses y apostar de forma más decidida por la construcción de esas viviendas con fondos propios y destinándolas todas a alquiler social con precios topados. Lo que no cambió fue ni el número de viviendas a construir, entorno al millar a falta de concretar con cada proyecto de promoción el número total, ni los plazos: 2028 como año para poner las llaves a disposición de los beneficiarios.
La realidad es que a punto de terminar el año, las predicciones temporales que contemplaba el plan no se cumplen. Hay cierto retraso en la licitación de las promociones, quizás auspiciado también por ese cambio y porque algunos de los edificios que se proyectan estaban pensados en realidad para que fueran levantados en esa colaboración público-privada.
De todas las promociones señaladas en el Plan: Pozo Rayo, Huerta Molino, el Sarchal, Santiago Apóstol, Huerta Téllez, Plaza Nicaragua, Los Rosales y Loma Colmenar, sólo una está ya en construcción. Es la de Huerta Téllez, 29 viviendas. Y tampoco ha adolecido de problemas. La primera licitación de la obra se quedó desierta por un cálculo excesivamente bajo de su precio que fue corregido en una segunda licitación.
El Gobierno esperaba poder tener en licitación antes de que finalizara el año la promoción de Pozo Rayo, al menos, según las últimas previsiones, porque en la calendarización del Plan presentada ante la Asamblea y ratificada por el Pleno en realidad a estas alturas al menos tres promociones: Huerta Téllez, Pozo Rayo y Sarchal deberían estar volando. Ni tan siquiera a estas alturas se ha licitado la obra de Pozo Rayo que ya ha sufrido también un recorte en el número final de viviendas que podrá levantar.
Pero la buena noticia, a pesar de los retrasos, hay que buscar en los Presupuestos Generales de la Ciudad para el próximo 2026. El Ejecutivo parece decidido a ejecutar el Plan. Así en su proyección de inversiones ha recogido finalmente 52 millones de euros para los próximos 3 años (2026-2028) para ejecutar estas promociones y ofrecer a los ceutíes ese millar de viviendas en alquiler con precios limitados. Si bien, la propia previsión presupuestaria recoge esa desaceleración del Plan, y en el trámite de enmiendas el propio Partido Popular no dudó en restar un millón de euros a la inversión prevista en el documento para 2026.
Con todo y con eso, en noviembre, en el área de Ramírez, seguían confiados en poder licitar Pozo Rayo antes de que acabara el año y el Sarchal durante los primeros meses de 2026. Esas dos promociones, sumadas a la de Huerta Téllez, podrían poner a disposición de los demandantes de vivienda de Emvicesa entorno a dos centenares de viviendas cuyos alquileres para un piso tipo de 80 metros cuadrados estarían limitados a 600 euros mensuales.
Aunque -aquí queda mucho por discutir aún- se prevé que para las que se ubican en los arrabales del centro, distrito 2, Pozo Rayo y Sarchal puedan acceder a ellas quienes ganen al menos 1.700 euros mensuales y hasta 3.300 euros al mes. Unos umbrales que han generado la crítica unánime de la oposición por considerar que sólo buscan resolver el problema de vivienda a quienes en realidad no deberían tenerlo al tiempo que perpetúan la segregación de la ciudad en dos partes diferenciadas.
En ese sentido, la propuesta de Ceuta Ya! al respecto por ejemplo es clara y pasa por mezclar en cada promoción los tres tipos de vivienda y de destinatarios que prevé ahora mismo el Plan, mezclando así rentas y clases sociales y propiciando una ruptura de ese modelo de Dos Ceutas desde las políticas públicas.
Si todo va tan en serio como parece se verá en 2026. Un año en cuyo horizonte final, diciembre, está previsto también que la Ciudad Autónoma reciba el traspaso de muchísimos miles de metros cuadrados que ocupan hoy los cuarteles del Ministerio de Defensa en el entorno de la Avenida del Ejército Español, a caballo entre Pedro Lamata, Zurrón y Parques de Ceuta. Un sueño, que si el Plan sigue acumulando retrasos podría cambiar todo el planteamiento actual del propio Gobierno y de su Plan de Vivienda, mientras la situación, el problema, los precios y la oferta limitada y el acceso al fin a la emancipación juvenil, el arraigo y un largo etcétera sigue siendo una realidad apremiante para muchos que exigen soluciones desde las políticas públicas.
Entre medias también sigue abierta la negociación con el Gobierno de la Nación, con su propio Plan Estatal de Vivienda para que desembarque en Ceuta con más dinero y de forma más contundente.
