El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha solicitado este lunes al Gobierno de España que Melilla quede fuera del nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados (MENA) procedentes de Canarias y Ceuta, según adelantaba Europa Press.
Del mismo modo, durante su intervención, Imbroda ha argumentado que los centros de acogida de la ciudad autónoma se encuentran al borde del colapso y arrastran un déficit histórico que cifra en 120 millones de euros.
Según el dirigente melillense, la capacidad de atención de los recursos locales está “completamente desbordada”, lo que imposibilita la llegada de nuevos menores sin comprometer gravemente su bienestar y la calidad del servicio. “Melilla no puede asumir más presión asistencial. Estamos al límite y llevamos años gestionando una situación que debería contar con el respaldo claro del Estado”, ha afirmado.
El llamamiento de Melilla se produce en un momento en el que el Gobierno central trabaja en un plan para redistribuir de forma más equitativa a los menores no acompañados llegados a las zonas fronterizas, especialmente Canarias y Ceuta, cuyas capacidades de acogida también se encuentran muy comprometidas.
Imbroda ha insistido en que, a diferencia de otras comunidades autónomas con mayor margen de maniobra, Melilla vive una realidad fronteriza y migratoria única que exige un tratamiento diferenciado por parte del Gobierno central. "Tenemos una sobrecarga estructural y no se puede seguir mirando hacia otro lado. La solidaridad no puede ser impuesta sin tener en cuenta la situación real de los territorios", ha subrayado.
Además, el presidente melillense ha reclamado una respuesta urgente a lo que considera una deuda histórica del Estado con la ciudad. “El déficit de 120 millones de euros no es una cifra menor. Es el reflejo de años en los que Melilla ha afrontado en solitario un reto humanitario que, en justicia, debe ser compartido por todos”, ha denunciado.
Así, también afirma que la situación en los centros de acogida melillenses es especialmente delicada. Fuentes de la ciudad autónoma apuntan a que la ocupación supera desde hace tiempo los niveles recomendados, lo que repercute tanto en la atención a los menores como en las condiciones del personal que los atiende.
Imbroda ha reclamado también un cambio en el modelo de reparto que tenga en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio y su contexto específico. "La gestión de los menores no puede ser solo una cuestión de cifras o porcentajes. Requiere sensibilidad, recursos y, sobre todo, voluntad política para hacer las cosas bien", ha concluido.
