El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Ceuta ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra las convocatorias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para cubrir plazas fijas de personal estatutario en las categorías de Enfermero/a y Matrona, al considerar que las bases vulneran derechos fundamentales de los aspirantes.
La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Autonómica del sindicato en sesión extraordinaria celebrada el pasado 1 de abril. El recurso fue registrado formalmente el 10 de junio, según ha confirmado la organización sindical.
SATSE centra su impugnación en la cláusula relativa a la fase de oposición, que establece un límite máximo de personas que pueden ser declaradas aptas para continuar en el proceso. En concreto, el texto estipula que “no se podrá declarar aprobados a un número de personas superior al de tres veces el número de plazas convocadas”, salvo en casos de empate en la nota mínima, siendo necesario además obtener al menos 50 puntos.
El sindicato considera que esta medida “limita de forma injustificada las posibilidades de acceso al empleo público”, incluso para quienes hayan alcanzado una puntuación suficiente. “Es un criterio arbitrario que atenta contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, ha denunciado la secretaria general autonómica de SATSE en Ceuta, Elisabeth Muñoz.
Muñoz ha lamentado que esta restricción suponga “un nuevo obstáculo para profesionales que se han preparado con esfuerzo y dedicación” y que ahora ven “cerradas las puertas de forma completamente injusta”.
Desde SATSE se subraya que este tipo de disposiciones “distorsionan la competencia justa entre aspirantes” y suponen un perjuicio claro para el conjunto del colectivo enfermero. Por ello, el sindicato ha decidido recurrir a los tribunales con el objetivo de que se revise y anule esta cláusula.
La organización ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos del personal de Enfermería de la ciudad autónoma, y ha anunciado que continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para garantizar procesos selectivos “transparentes, justos y respetuosos con la legalidad vigente”.
