La senadora por Ceuta, Cristina Díaz, ha sido la encargada de presentar este miércoles ante el Senado la Proposición de Ley del Grupo Popular, presentada la pasada semana por el líder del Partido, Alberto Núñez Feijóo, relativa a la derogación del actual sistema de bonificaciones a en las cuotas a la Seguridad Social y el retorno al anterior, vigente hasta el pasado mes de septiembre. Una proposición que tiene como objetivo acabar con “un nuevo sistema notablemente dañino para el tejido empresarial y los trabajadores” y cuya implantación no se termina de entender, especialmente porque el anterior había demostrado su eficacia. A través de esta iniciativa, ha recordado la senadora ceutí, lo que se pretende es corregir el error cometido por el Gobierno con la publicación del Real Decreto 1/2023 y su posterior implantación, a pesar de las advertencias de agentes sociales, sindicales y su propio partido, a las que hizo caso omiso.
La senadora por Ceuta ha lamentado, además, la falta de transparencia del Gobierno de la Nación, que tan solo ha facilitado los datos de bonificaciones relativos al primer mes de implantación de la medida, septiembre de 2023, cuando apenas se bonificaron 18 contratos de los 1.200 firmados, y ha puesto sobre la mesa un dato clave, que evidencia los efectos del nuevo sistema, durante el mes de diciembre se realizaron un 23 por ciento menos de contratos que en el año anterior, cuando el antiguo sistema de bonificaciones estaba aún vigente. Cristina Díaz ha recordado, además, que la implantación del Real Decreto no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores “que ven reducidos sus ingresos ante un mismo puesto de trabajo”, ya que los agentes sociales acordaron el establecimiento de un complemento retributivo para los trabajadores acogidos al sistema prácticamente desde su puesta en marcha.
La senadora por Ceuta ha lamentado, además, la carga burocrática del nuevo sistema, que no solo establece un cambio en la forma de la subvención, sino que carga a la misma de requisitos antes no establecidos, generando inseguridad jurídica. Por todo ello, Díaz ha reclamado al PSOE que votara a favor de la tramitación de una propuesta vita para los ciudadanos de Ceuta y Melilla, comprometiéndose a retirarla de su tramitación en caso de que el Gobierno, tal y como ha asegurado oficiosamente, cumpla con su compromiso de retornar al anterior sistema.
Durante el sistema tan solo tres portavoces han hecho uso del turno de palabra. La primera ha sido la senadora de Vox integrada en el Grupo Mixto, Paloma Gómez, para mostrar su apoyo a la propuesta del PP y acusar al Gobierno de la Nación de despreciar a Ceuta y Melilla, mientras que el segundo ha sido, precisamente, el senador del PSOE. Javier Remírez, quien ha fijado la postura de su grupo en la abstención. “Nuestro grupo ha estudiado la propuesta pensando en el interés general de la ciudadanía de Ceuta y Melilla y no vamos a oponernos a su tramitación, aunque tengamos dudas razonables”, ha explicado. Unas dudas que residen, en primer lugar, en el hecho de que el RD 1/2023 se aprobó para cumplir con las exigencias de la Unión Europea “que exigía cambiar las bonificaciones en porcentajes por cuotas fijas”, y en segundo por hecho de que es necesario acabar con la temporalidad y bonificar solo en el caso de que se generen empleos indefinidos. Pese a ello, en ningún momento ha aclarado el portavoz socialista si se volverá al anterior sistema con modificaciones en ese sentido o cuál será la postura final del PSOE una vez que esta Proposición de Ley salga aprobada del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y pase al Congreso.
La encargada de cerrar el debate ha sido la senadora por Melilla, María Isabel Moreno, quien ha insistido en el daño ocasionado por el Gobierno de la Nación a Ceuta y Melilla, especialmente por la incertidumbre generada respecto al Régimen Económico y Fiscal especial de ambas ciudades, lo que está afectando no solo a empleados a trabajadores locales, sino que, además, está impidiendo atraer nuevas inversiones a Ceuta y Melilla en un momento especialmente complicado, en el que el país vecino intenta asfixiarlas económicamente.
