Los cerca de 850 trabajadores transfronterizos marroquíes que cruzan cada día la frontera para trabajar en Ceuta se encuentran en una encrucijada desde que, en enero, las comisarías de seguridad marroquíes dejaron de expedir el certificado de residencia necesario para tramitar sus visados.
Francisco Javier Casas, delegado del Colegio de Graduados sociales explica que "el proceso hasta ahora era claro: los trabajadores obtenían en Marruecos el certificado de residencia, que luego era traducido y presentado ante la Administración española para tramitar o renovar los permisos de trabajo. Sin embargo, desde enero, las autoridades marroquíes se niegan a expedir dicho documento, dejando a los afectados en un limbo administrativo".
Este cambio unilateral en la burocracia marroquí ha paralizado tanto la concesión de nuevos visados como las aproximadamente 70 prórrogas mensuales que se gestionaban en la ciudad.
Casas asegura que España no ha modificado el sistema ni los requisitos, pero los medios marroquíes acusan a la Administración española del bloqueo. Esta contradicción ha dificultado aún más una situación que afecta gravemente a los trabajadores, quienes, con sus visados caducados, ya no pueden regresar a Ceuta para trabajar o, en algunos casos, se ven obligados a permanecer en la ciudad de forma irregular, enfrentando problemas con la Seguridad Social y otras complicaciones legales.
El impacto es doble: por un lado, los trabajadores, de cuyos sueldos dependen sus familias, están arriesgándose a perder sus ingresos; por otro, los empleadores en Ceuta se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin personal de la noche a la mañana.
Las posibles soluciones son claras y pasan por el diálogo diplomático entre ambas administraciones. O bien Marruecos reanuda la expedición de los certificados de residencia, o España acepta otros documentos, como el DNI marroquí, para la tramitación de visados.
Mientras tanto, 850 familias permanecen en vilo, dependiendo de una voluntad política que aún no se manifiesta.
