jueves. 28.03.2024

La noticia saltaba al mediodía de un viernes agosteño, en vísperas de un puente como el de estos días. El Ministerio de Interior daba la orden para que los menores marroquíes que habían entrado a Ceuta los días 17 y 18 de mayo fueran devueltos a su país de origen. Permanecían en el Polideportivo Santa Amelia.

 

Esa misma tarde, la calle de acceso al Santa Amelia quedó acordonada por efectivos de la Policía Local. Durante ese fin de semana, y en grupos de 14, los menores van siendo trasladados a la frontera y cruzando hacia Marruecos. Una medida acordada, semanas antes, entre organizaciones españolas, marroquíes y representantes gubernamentales tanto de Ceuta como del Ejecutivo central. Semanas después, todos dejan el Santa Amelia y van siendo trasladados a otros recursos, como las naves del Tarajal o Piners.

Sin embargo, y por orden judicial las devoluciones son paralizadas días después. La Justicia encuentra que han faltado algunos trámites: el 'contraste' de datos de los menores, el interrogatorio a estos sobre si querían volver o no al país vecino. La decisión judicial incluso motiva un encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Ciudad, Juan Vivas. El acuerdo es simple: paralizar el proceso, reiniciarlo confome a lo dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Pero ahí no acaban los problemas. La Justicia sigue con su recorrido, y 2022 comienza con una denuncia por prevaricación contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la Ciudad, María Isabel Deu. Una denuncia que se convierte en imputación, por lo que ambas tendrán que prestar declaración el próximo mes de septiembre ante los Juzgados. Dos entidades -L'Escola y Red Española de Inmigración- han decidido personarse como acusación particular.

 

Parece, pues, cumplirse la sensación de los días 17 y 18 de mayo de 2021: era un acontecimiento que iba a condicionar la vida política de Ceuta para meses o años. En las últimas semanas, llega un acuerdo calificado como "hito" por el propio Vivas: un mecanismo por el que los menores serán automáticamente trasladadas a otras regiones en caso de que la capacidad de acogida de alguna autonomía se vea, técnicamente, desbordada.

Sorpresa e incertidumbre: un año desde la repatriación de menores