José Torrado, presidente de la Autoridad Portuaria hasta mayo del pasado año y César López Ansorena, director de ese organismo, comparecieron en la mañana del martes ante el Juzgado número 1 de la Ciudad Autónoma para prestar declaración en el caso de los chalets remodelados en terreno portuario. La denuncia la presentó el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, “al entender que pudieran existir indicios de delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos, puesto que, por un lado, es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos, a pesar de superar el límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 €, y porque estamos hablando de lo que acabó siendo básicamente la construcción de un nuevo chalet, cuyo importe de 155.075,65€ , excede considerablemente, a la cantidad fijada en la ley para los contratos menores”. Eso lo decía el partido en un comunicado a primera hora de la mañana de este miércoles; minutos después comparecía la portavoz del MdyC, Fátima Hamed, para confirmar que ambos se negaron a responder a sus preguntas y solo contestaron a los de sus letrados.
La diputada admite que aún quedan muchas testificales en un proceso que, desde el punto de vista judicial, está en fase inicial.
Por último, MdyC volvió a lamentar su ausencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y su portavoz desveló que la información la han obtenido a través del Portal de Transparencia.
