El PSOE de Ceuta ha solicitado que la Ciudad Autónoma muestre su solidaridad con las comunidades de la península arrasadas por los incendios forestales y ofrezca al Estado la colaboración del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Los socialistas recuerdan la vocación de ayuda de los bomberos ceutíes, que ya en 2006 participaron en la extinción de los incendios de Galicia, y aseguran que la aportación sería “mínima” pero valiosa.
La propuesta, sin embargo, ha recibido una respuesta cautelosa -solicitada por este medio- tanto desde la administración local como desde la propia jefatura de bomberos.
Conejo: “La mejor ayuda es no convertirnos en una carga más”
El director general de Gobernación, Alfonso Conejo, ha subrayado que la Ciudad se centra en la gestión y no entra en valoraciones políticas: “Nosotros estamos totalmente ajenos a polémicas políticas. Creo que hay que dar la palabra a los expertos y a los que entienden de esto realmente”, ha afirmado.
Aunque, Conejo ha recalcado que Ceuta tiene una situación singular que condiciona cualquier movimiento de efectivos: “Estamos en la recta final del verano y la mejor ayuda que podemos dar al resto del territorio nacional es que nosotros no seamos una carga más. Que no seamos un frente más abierto”, señala, defendiendo la labor preventiva que desarrolla el SEIS en la ciudad.
El responsable ha recordado que no existe una solicitud oficial de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para desplazar dotaciones desde Ceuta, a diferencia de otras emergencias como la DANA: “No tenemos, a diferencia de la DANA, una solicitud oficial. No obstante, haremos las gestiones para dar nuestro apoyo, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra situación es muy delicada”.
Ríos: “Nuestra obligación es garantizar la seguridad de Ceuta”
En términos aún más contundentes se ha expresado el jefe de bomberos, Miguel Ángel Ríos, quien rechazado la posibilidad de desplazar dotaciones a la Península dadas las circunstancias actuales: “Nuestra principal obligación es garantizar la ciudadanía de Ceuta. Estamos en nivel rojo de alerta para hoy y mañana, y hemos pasado días en nivel naranja. Teniendo en cuenta que un tercio de la plantilla está de vacaciones, desde mi punto de vista no es factible hacer lo que se nos pide”, sostuvo.
Ríos ha explicado que un envío de personal supondría “anular vacaciones, pagar más horas extraordinarias y desplazar personal con una serie de gastos para los que no estamos preparados”.
Y así, el jefe del SEIS también ha aprovechado para reclamar de nuevo una ley marco de bomberos que permita articular una respuesta nacional coordinada: “Llevamos años solicitando una ley marco que nos permita actuar en cualquier zona amparados por la ley y de forma normalizada. Hoy todo depende de la buena voluntad de los bomberos y de la administración. La UME va donde se le solicita porque está amparada por el Gobierno y el Ejército. Nosotros no”.
Ríos ha recordado que en España hay más de 20.000 bomberos pero sin un sistema común de movilización: “Si hubiera una ley, no habría que pensar. Se decretaría un nivel y hasta este parque de bomberos debería acudir. Ahora mismo, depende de que la ciudad te permita ir y de que exista una comisión de servicios. Eso lo complica todo”.
El jefe del SEIS ha admitido que es pesimista respecto a la aprobación de esa norma: “Ojalá algún día se organice el servicio de bomberos a nivel nacional como un ente. A mí me queda poco y creo que no lo voy a ver. Pero sería deseable”.
Solidaridad frente a prevención local
Pero el PSOE insiste en que puede y debe contribuir con sus bomberos, recordando el precedente de Galicia en 2006 y la intervención del SEIS en emergencias como la DANA en la Comunidad Valenciana. La formación sostiene que la aportación de Ceuta no comprometería su seguridad y que “la ciudad ha sido y será siempre solidaria en los momentos de tragedia”.
Frente a ello, tanto Conejo como Ríos remarcan la prioridad de mantener la capacidad de respuesta local en una situación de alto riesgo, y la discusión vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un marco legal nacional que permita conjugar solidaridad interterritorial y seguridad ciudadana.
