En uno de los símiles futbolísticos que a veces gusta tanto usar al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, la plaza Nicaragua sería algo así como esa eterna promesa que nunca llega a cumplir las expectativas. El propio presidente ha reconocido este sábado en su visita a los vecinos que es “una asignatura pendiente de la Ciudad desde hace varias décadas, más de dos décadas, y no nos podemos permitir el que no continúe, el que no se lleve a cabo”. Y es que ahora los trabajos están paralizados como consecuencia de un interdicto presentado por el antiguo propietario, Hamadi Amar, alias 'Mario', a través de una de sus empresas. El juzgado ha decretado en un auto como medida cautelar la paralización de las obras. Y así están: paradas. En apariencia la reclamación no tiene ningún sentido. Así lo ha defendido Vivas este sábado que ha llegado en lo verbal y público a plantarse ante las pretensiones (casi medio millón de euros) de 'Mario':
“El único sentido que yo le veo es tratar de aprovecharse de la situación para sacarle dinero a la Ciudad y eso no lo vamos a permitir”, se ha mostrado tajante Vivas antes de dejar en manos de los medios, los vecinos y la ciudadanía en general que saquen sus propias conclusiones tras dar sus explicaciones.
“Los vecinos de esta barriada llevan sufridos mucho los retrasos de esta obra y en ese tiempo puedo asegurar que son personas muy razonables y que contándoles lo que ha pasado seguro que van a sacar sus conclusiones; y el resto de ciudadanos de Ceuta que nos están oyendo creo que contándoles lo que ha pasado también van a sacar sus propias conclusiones”, ha dicho Vivas.
¿Y qué es lo que ha pasado? Pues según el relato efectuado hoy por el presidente Vivas un “contratiempo” que tendría que ver con esa intención de aprovecharse del antiguo propietario para obtener más dinero del que ya obtuvo por la parcela. Tras un proceso complejo en lo jurídico y lo administrativo, la Ciudad logró hacerse con la titularidad de la parcela, o eso ha explicado Vivas de forma taxativa este sábado:
“Esto no era una parcela propiedad de la Ciudad, como todo el mundo sabe. Esta parcela hubo que adquirirla a través de un procedimiento muy complejo, pero también muy garantista desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley y de la defensa del interés general. Aquí hubo una tasación por parte de la Ciudad que valoraba tanto el valor del suelo como la edificación que aquí había construida. Esto fue objeto de transacción de negociación con el propietario del solar. Aceptó ese precio, se pagó una parte en metálico y otra compensando la deuda que el propietario tenía, y la Ciudad adquiere el bien inmueble, insisto, parcela y construcción libre de cargas y gravámenes.
Seguidamente se pone en marcha el procedimiento de redacción del proyecto. Antes hay una actuación urbanística, también muy compleja, que requirió de un periodo de información pública muy exhaustivo . Tanto de manera general como uno a uno con todos los propietarios de los inmuebles colindantes que pudieran estar afectados por la actuación; y luego se pone en marcha el procedimiento de licitación pública de la obra. Al ser una licitación pública, tiene un periodo también de información pública. Nadie alega nada en contra y se espera que la obra se empiece para interponer ese interdicto que ha dado como resultado el auto judicial de paralización de la obra”, ha repasado Vivas a grosso modo.
El interdicto se basa y reclama que en el precio de tasación, en la actuación, la Ciudad no valoró la construcción, más bien estructura que había en la propia parcela y plantea a la Justicia por tanto que si bien la Ciudad podría haberse hecho con la titularidad de la parcela, no así con la estructura que contenía. De ahí que reclame la paralización de los trabajos para evitar su derribo. Pero el derribo ya se había producido hace meses.
El Gobierno va a cumplir con el auto y ha parado los trabajos, pero al tiempo va a recurrir el auto y el interdicto. Eso sí, no de forma directa, porque en una vuelta de tuerca más, la reclamación no se plantea a la propietaria de la parcela, la Ciudad, sino a la empresa constructora.
Vivas ha reconocido que él mismo y el propio consejero encargado han mantenido contactos con el propietario para escuchar su reclamación. “Pero es verdad que sus pretensiones siempre han sido sometidas al criterio, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de dinero público, a los servicios jurídicos y técnicos de la Ciudad. Y el criterio ha sido que no procedía ningún tipo de indemnización en relación con lo que él pretendía, por la sencilla razón que, reitero, cuando el Ayuntamiento adquiere la parcela, la adquiere libre de cargas y gravámenes y al mismo tiempo la adquiere con el valor de la construcción que aquí había”, ha explicado el presidente.
En el Gobierno están convencido que cuando el juez simplemente vea que la estructura no existe, levantará la paralización. Pero aún así la reclamación de ese medio millón de euros podrá seguir andando.
Los trabajos empezaron en abril y contaban con un plazo de ejecución de 12 meses, que Vivas hoy ha expresado su deseo de seguir cumpliendo una vez se resuelva este atasco, que espera que sea en breve: “Eso no depende de nosotros. Eso no lo controlamos nosotros, pero a mí me dicen que habida cuenta que está afectado el interés general, los servicios jurídicos esperan que el pronunciamiento de los juzgados sea rápido”.
Y esa es la versión ofrecida este sábado por el presidente Vivas. Pero luego está la hemeroteca. Llena de noticias sobre el arduo proceso de adquisición de la plaza por parte de la Ciudad y llena también de acusaciones de mala praxis por parte de la oposición y no sólo. El propio Registro de la Propiedad se negó en su día a inscribir la titularidad de la parcela sin recibir alguna explicación sobre el proceder que había llevado a cabo la Administración al respecto.
Un proceder que en todo momento visto con perspectiva ha sido favorable al propietario y que deja dudas al respecto de que este movimiento no acabe con el Gobierno de la Ciudad asumiendo pagar ese casi medio millón o parte del mismo para desbloquear la situación y de paso satisfacer a 'Mario'.
La triquiñuela legal llevada a cabo ahora por la ex propietaria responde a cierto comportamiento habitual, por ejemplo en su día inmersa ya en el proceso de expropiación cambio la titularidad de la parcela pasándola de una sociedad a otra. Ahora interpone el recurso contra la constructora y no contra la Ciudad y reclama por una estructura que, según Vivas, ya estaba incluida en la tasación. La empresa ha sostenido desde el primer momento que no estaba incluida, y ya amenazó en 2019 con llevar a cabo las acciones judiciales que ahora ha materializado.
El Gobierno de la Ciudad acabó adquiriendo la parcela pagando 2,82 millones de euros. Aunque el precio real fue de 4,08 millones, dado que a los 2,82 millones que desembolsó de las arcas públicas se sumaban 1,25 millones de euros que se daban por amortizados a modo de pago de la deuda que tenía con Servicios Tributarios la propiedad.
Fue precisamente Servicios Tributarios quien sacó a subasta la parcela. Y ante ese pago final, Ciudadanos entonces denunció que el Gobierno había decidido pagar de más, el mismo tipo de explicación que requería el registrador. ¿Por qué? Porque la parcela en cuestión tiene uso dotacional, no se puede construir un edificio para rentabilizarla. Y a la subasta tal y como era de prever no acudió nadie y la Ciudad podría haberse quedado la parcela por el valor de la deuda que provocó su subasta.
Tras esa subasta además se sucedieron denuncias de la oposición política por considerar que no se estaba respetando la legislación urbanística. Incluso una de ellas, planteada por el entonces líder de la coalición, Mohamed Ali, avisaba que la Ciudad no había comprado, tal y como este mismo sábado ha defendido Vivas, la parcela libre de cualquier carga. Pesaba ya un embargo.
Más allá de la paralización de la obra y de que la misma se levante en breve, algo que parece más que probable, quedará por ver cómo acaba resolviéndose el asunto de fondo y si el Gobierno acaba pagando o no más dinero a 'Mario'. De momento hoy el presidente Vivas se ha negado tajantemente a que le sigan tomando el pelo a él y toda la ciudadanía. Los próximos pasos que dé el Ejecutivo podrían indicar con mayor claridad cuál es la intención, dado que cabría la posibilidad de al menos estudiar acciones legales para pedir una compensación por el retraso que se pueda provocar en la obra, algo que normalmente para este tipo de medidas cautelares es el propio juzgado quien reclama un depósito al demandante. Algo sobre lo que el Gobierno de momento no se ha pronunciado.
