El 13 de enero de 2022, Ashma regresó a su casa. Notó que era tarde, y que su hijo, Mohamed Alí, no estaba en el hogar que compartía con sus hermanos y su madre, divorciada. Empezó a llamarle al móvil, sin respuesta. Algo le dijo que no era normal lo que estaba pasando.
Recordemos: el 13 de enero de 2022 seguían vigentes las medidas anti COVID para entrar o salir de Ceuta y la frontera con Marruecos permanecía cerrada. Pero ni rastro de Mohamed Alí. Ashma formuló la correspondiente denuncia ante la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. Comenzaba entonces una tortura diaria para esa familia; primero por la lógica incertidumbre de no saber que le había pasado a ese joven. Pero acrecentada por la rumorología: algunos comentarios apuntaban a que aparecería semanas más tarde, con la mayoría de edad recién cumplida, y que su condición sexual le había llevado a esconderse. Ashma nunca lo creyó.
Ceuta se movilizó. Batidas organizadas por la FPAV, por Protección Civil, con carteles del joven en vehículos públicos y farolas… pero ni rastro. Ashma sostenía, mes a mes, que algo había pasado. Imploraba una respuesta. “Mohamed no se hubiera ido nunca sin avisar por propia voluntad”, señalaba de contínuo en las muchas entrevistas que, por ejemplo, concedió a Ceuta Televisión cada vez que llegaba el decimotercer día de cada mes.
El tiempo, por desgracia, dio la razón a las sensaciones más amargas de la progenitora. Unos días después de cumplirse el primer aniversario, eran detenidas tres personas: un mayor de edad y dos menores, como presuntos responsables de la desaparición del joven. Semanas de trabajo silente, milimétrico y paciente por parte del Cuerpo Nacional de Policía daban su fruto.
Y, por desgracia, el peor de los resultados: Mohamed no solo había muerto, sino que no sobrevivió a la noche de su desaparición. Tenía, al parecer, unas grabaciones comprometedoras sobre una de las tres personas con las que pasó sus últimas horas. Quedaron para hablar en un coche: lo conducía un adulto, le acompañaban dos menores. Pero lejos de arreglar las cosas, aquello acabó de la peor manera posible. Cuando el joven se dio cuenta de que estaba en peligro, trató de huir. Sin éxito: alguien sacó un bate de beisbol del maletero del coche, le dio alcance y le golpeó hasta matarle. Era un acto, en principio, premeditado.
Lo enterraron en el mismo lugar de los hechos -cercano a la zona de La Ponderosa- y barajaron la posibilidad de quemar el lugar para eliminar pruebas. Un año después, agentes de la Policía Nacional tomaban literalmente la zona, con algunos efectivos desplazados desde la Península. Entre ellos, la unidad canina, que lograba realizar el macabro hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición y que había comenzado a sufrir las mordeduras de los animales de la zona.
La familia se puso en contacto con un conocido abogado, Marcos García Montes, a fin de que este ejerciera la acusación particular. Y hoy llega el primer capítulo en los tribunales. En los del menor: salvo el conductor del vehículo, que tendrá que responder como un adulto, ninguno de los ocupantes del coche había alcanzado los 18 años de edad aquel 13 de enero.
Son dos los acusados: un hombre y una mujer. El se enfrenta a ocho años de internamiento, ella a siete años y medio. La cita es este miércoles en el juzgado del menor. El primer paso judicial, pues, para esclarecer unos hechos que conmocionaron a Ceuta y forman parte de las páginas más dolorosas de la crónica negra de esta ciudad
