Las dificultades a las que se enfrentan muchos ceutíes para poder empadronarse donde residen, están impidiéndoles al acceso a derechos básicos, pero sobre todo a todas aquellas personas que no tienen un techo donde vivir o simplemente porque no pueden costearse un alquiler. El problema de todo esto es la burocratización que existe en torno al empadronamiento en nuestra urbe, hecho que debe ser eliminado, ya que la ausencia de un contrato de alquiler, así como vivir en una chabola, o asentamiento, hacen muchísimo más difícil el acceso al padrón. En el padrón debe reflejarse el domicilio donde relativamente vive cada persona. De la misma forma que la inscripción en el padrón sea completamente de las controversias jurídicas privadas sobre quien es el titular de la vivienda, lo será también de las circunstancias físicas, higiénico- sanitarias o de otra circunstancia que afecte al domicilio. El Consistorio de Ceuta obvia que existe un procedimiento para poder empadronarse sin domicilio fijo recogido en el BOE del año 2020-4784 resolución del 29 de abril del mismo año, donde en uno de sus apartados, concretamente en el 3.3 lo expone, además dice que para que este tipo de empadronamiento cumpla las condiciones necesarias los Servicios Sociales deben estar integrados en la estructura orgánica de la administración pública que se encuentre bajo su coordinación y supervisión.
Como sociedad moderna no podemos ni debemos criminalizar a las personas vulnerables, la administración no debe escudarse por falta de recursos y personal ante situaciones de colapso. Parece ser que no se quiere respetar el derecho de empadronarse sin domicilio fijo por un hipotético efecto llamada. Las personas que viven en municipio o ciudad están obligadas a inscribirse en el padrón, no se trata de un derecho que se pueda ejercer si uno quiere. Es una obligación que tenemos como ciudadanos y muchos ayuntamientos están impidiendo realizarlo.
Es capital que los ayuntamientos dispongan de todos los recursos y personal para poder luchar contra un negocio fraudulento que está floreciendo, en el que se paga dinero a terceras personas para poder empadronarse. Mas allá del valor intrínseco de poder empadronarse, como documento de entrada de registro de vecinos que vivan en un territorio, la inscripción del mismo es un paso esencial para el reconocimiento en la práctica de otros derechos fundamentales, como pueden ser el acceso a la educación, al sistema de salud, etcétera.
Si las personas no están inscritas en el padrón, no pueden solicitar ayudas a las distintas administraciones ni participar en programas de inserción laboral o de formación, al contrario de lo que muestra la realidad, el poder empadronarse debería ser un mecanismo de la inclusión y convivencia de la que tanto hablamos, es decir una herramienta para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas de una ciudad.
Este panorama es una radiografía de las desigualdades existentes a día de hoy, a las que contribuye el sistema político y social, del cual los ayuntamientos forman parte, esto debería servir para que los gobernantes prioricen sus políticas a las personas y no a sus intereses espurios.
“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos” (Charles de Gaulle, primer ministro en Francia).
José Antonio Carbonell Buzzian