Finalmente, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha rechazado los recursos planteados tanto por la defensa de la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, como de la ex vicepresidenta y consejera de Presidencia de la Ciudad, María Isabel Deu, en relación a la devolución de 55 menores transfronterizos en agosto de 2021. Según han confirmado a Ceuta Televisión fuentes judiciales, ambas tendrán que ir a un juicio para el que, de momento, no hay fecha.
Ambas tendrán que hacer frente a un delito de prevaricación continuada, aunque con distintos 'roles'. De un lado, la ex delegada será encausada como presunta autora material del delito, mientras que Deu es señalada como cooperadora necesaria. Cabe reseñar que a lo que se enfrentan es a penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público, pérdida de los honores correspondientes a sus cargos o del sufragio pasivo por un máximo de doce años: no hablamos, en ningún caso, de medidas privativas de libertad.
Los hechos son de sobra conocidos: en mayo de 2021, miles de marroquíes entran en Ceuta tras varias semanas de tensión diplomática entre España y Marruecos a colación del tratamiento médico en España de Brahim Galli, histórico líder del Frente Polisario y declarado enemigo marroquí. Entre esas miles de personas que llegan a Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de ese año, en torno a un millar de menores marroquies. Estos quedaron bajo tutela de la Ciudad Autónoma, en cumplimiento de la legislación vigente, y alojados en recursos improvisados ante la gravedad de la situación, como el campamento de PIniers o el Polideportivo de Santa Amelia,
El 15 de agosto de aquel año, estalla la 'bomba'. España activa un tratado bilateral que permitía que los menores volviesen a su país, firmado en 2007 con Marruecos, tras días de conversaciones en la frontera entre el Gobierno de España, el de la Ciudad Autónoma, el de Marruecos y una oenegé magrebí que se ofrecía a tutelar a los menores que no tuvieran familia con la que regresar. Los menores van saliendo, hasta un máximo de quince al día, con destino a Marruecos. Sin embargo, una serie de oenegés denuncian la situación y el juzgado decreta la paralización de las repatriaciones al entender que se habían conculcado los derechos fundamentales de los menores. Durante dos años, además, ha habido un intenso debate jurídico sobre si la Ciudad y Delegación eran competentes para activar 'per se' un tratado internacional o es el propio Gobierno central quien debía hacerlo. Algunas de las entidades personadas -principalmente, la Red Española de Inmigración- han tratado siempre de que comparezcan tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
