La polémica en torno a las cámaras chinas instaladas en la frontera de Ceuta ha llegado al Congreso de los Diputados. El PP, a través de su representante ceutí Javier Celaya, ha cuestionado la idoneidad de la empresa adjudicataria por sus antecedentes en derechos humanos. La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, responde con firmeza: las cámaras no comprometen la seguridad nacional y acusa al PP de centrarse en polémicas estériles en lugar de los problemas reales de la ciudad.
Polémica por las cámaras chinas en la frontera ceutí
El debate sobre la seguridad tecnológica en las fronteras ha tomado protagonismo en Ceuta tras la denuncia del Partido Popular (PP) relativa a la instalación de cámaras de vigilancia de origen chino. Según ha informado el diputado por Ceuta, Javier Celaya, su grupo ha presentado una batería de preguntas en el Congreso con el objetivo de conocer todos los detalles del contrato público que ha permitido el uso de este tipo de dispositivos en un enclave tan delicado como es la frontera hispano-marroquí.
El PP argumenta que la empresa adjudicataria genera serias dudas sobre su respeto a los derechos humanos en diferentes partes del mundo. A raíz de ello, Celaya cuestiona si dicha colaboración puede comprometer la seguridad nacional, en un contexto geopolítico cada vez más marcado por la desconfianza hacia determinadas tecnologías extranjeras.
La delegada niega cualquier riesgo: “No comprometen la seguridad nacional”
En respuesta a estas afirmaciones, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha sido tajante. Asegura que las cámaras instaladas en la frontera no representan ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional. Al contrario, su implementación responde a criterios técnicos y legales completamente transparentes.
“No comprometen la seguridad nacional”, ha señalado Pérez de forma rotunda, poniendo en entredicho el verdadero motivo de las preguntas del PP.
“Lo que sí compromete la seguridad de Ceuta es no ser solidarios”
En un giro de enfoque, la delegada ha puesto sobre la mesa lo que, a su juicio, sí pone en peligro el bienestar de la ciudad: la falta de solidaridad entre territorios y el bloqueo político en cuestiones sociales clave como la redistribución de menores migrantes no acompañados.
Según Cristina Pérez, el auténtico riesgo para la ciudad es “no comprometerse con la solidaridad de nuestro territorio” y no colaborar en la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas. En este sentido, ha afeado al diputado popular Javier Celaya que “votó con su partido en contra de los intereses de Ceuta” al oponerse al reciente decreto de reparto de menores aprobado en el Congreso.
Una licitación pública transparente
La delegada también ha recordado que la adjudicación del contrato para las cámaras de vigilancia se ha realizado “conforme a un sistema de contratación pública”, añadiendo que todo el proceso fue publicado en la plataforma de contratación oficial.
“Si el señor Celaya tenía dudas sobre las garantías de la empresa, podía haberlo hecho en su momento”, ha subrayado, insinuando que no se percató de la licitación cuando ésta fue publicada.
Además, ha señalado que, dada la naturaleza sensible del tema, será el Ministerio del Interior y el ministerio competente en esta materia quienes respondan formalmente a las preguntas registradas por el PP.
Críticas al enfoque del PP: “Debería ocuparse de los problemas reales de Ceuta”
La intervención de Cristina Pérez también ha incluido una crítica directa a la estrategia política del PP en la ciudad. La delegada considera que Celaya debería centrar su atención en los asuntos verdaderamente importantes para los ceutíes, entre los que ha destacado el alto número de menores no acompañados acogidos en la ciudad.
Actualmente, Ceuta suma cerca de 500 menores tutelados, una cifra que, en palabras de la delegada, evidencia un problema estructural que requiere soluciones solidarias y cooperación institucional. En ese contexto, ha invitado al diputado popular a “ocuparse más de los problemas reales” y no convertir el asunto de las cámaras en una “cortina de humo”.
El Ministerio del Interior dará la respuesta oficial
A la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio del Interior, el caso sigue generando debate tanto en el ámbito local como en el nacional. Aunque la delegada ha intentado cerrar el tema con su intervención, las preguntas del PP seguirán su curso parlamentario y podrían derivar en nuevas intervenciones o aclaraciones técnicas sobre las garantías que ofrece la empresa adjudicataria.
