El Juzgado de lo Social número 1 celebra hoy el juicio por la demanda planteada por la CGT contra la Administración General del Estado. El motivo de la demanda son las condiciones de los Planes de Empleo: el Gobierno no ha aplicado a este personal, al ser de carácter temporal, el Convenio correspondiente a los laborales al servicio de la Administración General del Estado. Y ello "a pesar de que advertimos que con anterioridad hay 70 u 80 sentencias que vienen a determinar que no se hicieron bien los contratos, se introduce una claúsula que es nula", explica el abogado de la formación anarcosindicalista, Luis Ocaña, El letrado señala que esta claúsula de exclusión del convenio es "nula de plena derecho, es discriminatoria, Esa clausula afectaria a 722 contratos" solo para el Plan de Empleo actual. Además "no solo afecta a los salarios, sino a la Seguridad Social, por lo que hay una infracotización", señaló.
Pero, atención, no hablamos solo del Plan de Empleo de este año: "desde que tenemos conocimiento, de los Planes de Empleo, hemos tenido que impugnarlos todos". Al ser un conflicto colectivo, y si la Justicia da la razón a CGT "lógicamente tendría carácter retoracteivo para todos aquellos que han participado" en las últimas ediciones.
El montante que tendría que abonar el Gobierno "es difícil calcularlo, porque son contratos de distintas categorías, pero podemos estar hablando de 5.000 o 6.000 euros por trabajador, incluso alguno más". Con estos números, y establecieno una media de 5.500 euros en un Plan que, como el de 2022, tiene 722 trabajadores la cantidad se elevaría a los 3.971.000 euros, sin incluir las costas y solo en lo referente a esta anualidad.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
Uno de los argumentos esgrimidos por Delegación del Gobierno es el "carácter social" de los Planes de Empleo. Algo que no solo no admite la CGT, sino que define los Planes como "antisociales. Se tiene que pagar lo que corresponde a cualquier trabajador sin discriminación. No pedimos que se pague lo que se paga en la Ciudad, porque son convenios diferentes. Esto supone unos curiosos dividendos para los trabajadores, tanto por los sueldos como por la Seguridad Social, tanto ante la prestación por desempleo como a futuro en su pensión".
Preguntado por la posibilidad de que pueda haber un supuesto de prevaricación, el secretario general en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, explicó que "estamos a expensas de que Fiscalía termine sus actuaciones, porque la administración seguía infringiendo sentencias condenatorias y esperando estamos que Fiscalía termine sus actuaciones".
No es el único juicio que se celebrará esta semana por una demanda de la CGT. El jueves "hay otra cita importante, porque tiene lugar el primer lote de las demandas que pusimos por despido nulo por parte de la ciudad, y que fueron despedidas el 1 de abril de 2022, tras distintas reivindicaciones por escrito. Son trabajadoras sociales, están al servicio de la Ciudad, fueron cesadas ilícitamente y esperamos que haya justicia tanto para los trabajadores como para sus familiares", dijo Montenegro.
