El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que engloba, entre otras actuaciones, la propuesta de la
ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de conceder una subvención directa de 4,5 millones de euros a la ciudad autónoma de Ceuta para garantizar la adecuada protección de los menores migrantes no acompañados. Una cifra que contribuirá a paliar la situación por la que atraviesa la ciudad, ante la sobreocupación del sistema de acogida, pero que no alcanza la cifrada por el Gobierno autonómico, de en torno a 11 millones de euros, para compensar el gasto extraordinario que ha supuesto esta acogida durante el año en curso. Pese a ello, esta misma tarde el Ejecutivo ha señalado que la cantidad se "da por buena" y que se ha alcanzado el compromiso de que estos 4'5 millones de euros, sumados a los 4'5 que se reciben de forma estructural se mantendrán para el próximo año.
La medida, explica la nota del Ministerio de Juventud e Infancia, se enmarca en el contexto excepcional actual y responde a la necesidad de actuar con urgencia y desde la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Los menores migrantes no acompañados, recuerda el comunicado, son considerados sujetos de especial protección en el ordenamiento jurídico español dada su condición de personas menores de edad en situación de desamparo. El Estado tiene la obligación de garantizar –a través de los sistemas de protección gestionados por las comunidades autónomas– que todos los niños, niñas y adolescentes reciban una protección adecuada, priorizando siempre el principio del interés superior del menor.
Estos 4,5 millones, continúan desde el Ministerio que dirige Sira Rego, de euros permitirán financiar actuaciones clave en materia de protección de las personas menores de edad y buscan garantizar derechos en el ámbito de la vivienda, el acceso a recursos de aprendizaje y la integración sociocultural, asegurando una respuesta eficaz desde el sistema de protección gestionado por las comunidades autónomas. Estas acciones están alineadas con el artículo 9.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales. Este compromiso refleja la obligación del Estado de garantizar una atención integral y urgente a los menores migrantes no acompañados, promoviendo su bienestar y derechos fundamentales.
