El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha registrado una carta dirigida a la Delegada del Gobierno, Cristina Pérez López, en la que denuncia el colapso total del servicio de salud mental en la ciudad autónoma.
Desde el pasado viernes 18 de julio, Ceuta no cuenta con ningún psiquiatra en activo, lo que ha generado una situación de emergencia sanitaria sin precedentes.
El colapso de la salud mental en Ceuta
El pasado 21 de julio, el abogado del Sindicato Médico de Ceuta presentó una misiva formal ante la Delegación del Gobierno para alertar de un hecho insólito: la ciudad se encuentra completamente desprovista de atención psiquiátrica presencial, tanto en el ámbito de urgencias como en hospitalización y consultas externas.
Desde el viernes 18 de julio, Ceuta no dispone de ningún profesional de psiquiatría en activo, lo que ha provocado el colapso del servicio de salud mental, dejando en situación de vulnerabilidad a los pacientes que necesitan atención especializada.
Derivaciones a hospitales de la Península: una “solución” sin garantías
En la carta, el Sindicato Médico de Ceuta denuncia que la única medida adoptada por el INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) ha sido la derivación de los pacientes a hospitales de la península como Puerto Real, La Línea y Jerez. Esta instrucción, reflejada en una nota interna del 18 de julio, pretende asignar las guardias psiquiátricas a dichos centros externos.
No obstante, esta actuación se considera inoperativa e insuficiente, ya que no hay atención psiquiátrica presencial en Ceuta. El protocolo impuesto exige que el personal sanitario local contacte telefónicamente con los psiquiatras de guardia en la península y registre sus indicaciones en la historia clínica del paciente, lo que, según el sindicato, no garantiza una atención efectiva ni segura.
Médicos sin especialidad psiquiátrica, forzados a asumir guardias
Otra de las denuncias más graves recogidas en la carta es la existencia de órdenes verbales para que médicos especialistas no psiquiatras asuman funciones de guardia en salud mental. Esto implica, por ejemplo, que en situaciones de crisis puedan verse forzados a sedar a pacientes agitados sin una valoración psiquiátrica directa, algo que no solo es clínicamente inadecuado, sino que también expone a los profesionales a graves riesgos legales por actuar fuera de su competencia.
El Sindicato Médico exige intervención inmediata del Gobierno
El Sindicato Médico de Ceuta califica esta situación como inaceptable y solicita la intervención urgente del Gobierno de España. Entre las medidas propuestas se encuentran:
- El envío de psiquiatras desde otros servicios autonómicos de salud.
- La activación del apoyo del Ministerio de Defensa, solicitando la presencia de psiquiatras militares, como ocurre en misiones internacionales.
- La declaración formal de emergencia sanitaria en salud mental en la ciudad autónoma.
El sindicato advierte que no se puede continuar con lo que califican de “chapuza organizativa”, pues se trata de vidas humanas y de profesionales sanitarios expuestos a un escenario clínico y jurídico insostenible.
Una situación crítica en pleno anuncio de un Plan de Salud Mental
La denuncia del sindicato adquiere especial relevancia en el contexto actual, en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado un nuevo Plan de Salud Mental a nivel nacional. Sin embargo, en Ceuta, ni un solo psiquiatra se encuentra disponible para atender a la población.
Desde el sindicato insisten en que la ciudad no puede esperar más: se requieren medidas urgentes, valientes y efectivas. En la carta, se reclama a la Delegación del Gobierno en Ceuta que asuma el papel institucional que le corresponde y actúe con la contundencia que esta crisis sanitaria demanda.
Ceuta, una ciudad sin cobertura psiquiátrica
La denuncia del Sindicato Médico evidencia una carencia estructural en el sistema sanitario de Ceuta y subraya la urgente necesidad de refuerzo en el ámbito de la salud mental, una de las áreas más vulnerables del sistema público. La ausencia total de psiquiatras coloca a Ceuta en una posición crítica y refuerza la llamada de atención a las autoridades para garantizar el derecho a una atención sanitaria digna.
